El Pensamiento Nacional. Por Francisco Sosa Wagner

Nosotros no podemos dar lecciones a nadie porque también hemos tenido ocurrencias pintorescas a la hora de poner rótulo a nuestros ministerios pero se convendrá conmigo que la de la presidenta argentina de crear una “secretaría de coordinación estratégica del pensamiento nacional”, dependiente del ministerio de Cultura, es sutileza que cabalga entre lo regocijante y lo extravagante.

Excepto lo de “secretaría” que es una forma neutra de llamar a una covacha, el resto no tiene desperdicio. Se cita la “coordinación” que es la gran paparrucha de quienes quieren mandar en un ámbito determinado pero, al no atreverse a confesarlo abiertamente, se entregan al lenguaje perifrástico. Tengo para mí, después de haber leído muchos libros sobre la coordinación y haber visto centenares de experiencias a ella ligadas, que la tal coordinación es como el himen: una entelequia.

Viene luego lo de “estratégica”: otro embeleco que se une a palabras bobaliconas como “transversal”, muy de moda y que se aplica a las realidades más heterogéneas sin que acertemos nunca a captar su auténtico sentido. Lo de estratégico suena a mitológico, urológico y morfológico siendo al final algo puramente demagógico que tampoco nadie logra definir.   

                                                                                                         

Y, en este caso, menos mal. Porque ¿para qué quiere el pensamiento nacional ser sometido a una “coordinación estratégica? El primer equívoco que habría de precisarse es si existe un pensamiento “nacional” como opuesto al “no nacional”. Naturalmente que la existencia de tal pensamiento “nacional” es el sueño de todos los nacionalistas, convencidos como están de que al pensamiento, al raciocinio y a la sindéresis se le pueden poner fronteras y etiquetas como al queso de Cabrales o al vino de Rueda. Y no admitir falsificaciones como no se admite en las denominaciones de origen de los citados productos o del jamón de Jabugo que destierran las incorporaciones foráneas.

Sin embargo, las personas que hemos rechazado, por disponer de los adecuados anticuerpos, el virus del nacionalismo sabemos que el pensamiento, si es verdaderamente tal, es alado, un astro que nos ilumina y no declina, una cuadriga dominadora que arroya, descabalga y disuelve simplezas. ¿Alguien se imagina que se achicara la ópera llamándola “nacional”? ¿Y que viéramos reducido al Don Juan o a Rigoletto a los confines de los territorios donde se gestaron esas obras o donde nacieron Mozart o Verdi? 

Si todo esto es así, la conclusión es clara: sobra toda coordinación y sobra toda estrategia. Lo que hay que hacer con el pensamiento es justamente lo contrario: dejarle suelto, dejarle libre, que busque donosas coyundas, que procree y se multiplique, que despabile conciencias, que arrase prejuicios, que siembre el desconcierto y ponga luego en claro un ramillete de criterios que nos ayuden a iluminar sombras y a crear fuegos para volver a hacer con ellos señales al cielo y decirle que aquí seguimos y que no hemos desfallecido.

Es urgente pues hostigar a quienes conciben estas criaturas abortivas ministeriales. Porque, como nos dejemos, veremos el ministerio de la paciencia y el del orgullo y el del amor y hasta el de la elegancia. La sociedad gime bajo el peso de los ministerios. Por eso, los justos.  

La Corona y otras instituciones

Cuando uno se mete en desvaríos que se van sumando, acaba pillado en su propia trampa; cuando empiezas a cubrirte con mentiras, terminas por no poder decir ni una sola verdad. Y, tarde o temprano, en medio de tu propio desconcierto, sucumbes. Puede que un rato antes de ese momento terminal hayas dado bastantes palos de ciego, cuando la desorientación ya no te dejaba percibir cabalmente ni un ápice de la realidad circundante.

En España ahora estamos cerca del instante terminal y en plena obnubilación. Lo que pueda ocurrir será bueno o malo, quién sabe, pero si el tiro sale por la culata habrá culpabilidad de los que no supieron ver, no quisieron obrar y no se atrevieron a decir.

Lo del aforamiento del anterior rey tiene mucho que discutir, pero vale muy poco la discusión tal como se está presentando. Porque ni se dice todo lo que cuenta ni se subraya suficientemente lo que más importa. Veamos.

¿Se teme que algún ciudadano se plante en un juzgado cualquiera para acusar a Juan Carlos de Borbón de delito y que la acusación prospere? Hombre, descabellado no es, pero fácil tampoco parece. Y si algún juez se animara ya le mandarían un Horrach para contenerlo y llamarlo de todo menos guapo. Que, por cierto, a ver cuánto tarda en caerle al fiscal balear un marquesado o un ducado, que ya lo va mereciendo y por menos han salido otros muy bien parados. Lo extraordinario y llamativo es que pueda haber fundamento para acusar e imputar por delito, seguramente económico, a un rey. ¿Extraordinario y llamativo? Bueno, al fin y al cabo, están penalmente imputados su hija y su yerno. Pero resulta que durante los actos de su reinado el rey es penalmente irresponsable y, según han pensado más de cuatro grandes cabezas del Derecho, lo sería hasta por asesinato o violación, pongamos. Así es como algunos han interpretado y están interpretando la primera frase del art. 56, apartado 3 de la Constitución, que dice que "La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad". No creo que sea la única interpretación posible ni la más razonable ni la más acorde con la Constitución misma, y más si se lee el resto de ese apartado ("Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65, 2"), pero dejémoslo ahí.

El caso es que la persona del que ya no es rey, Juan Carlos de Borbón, ya no es inviolable ni irresponsable y, desde luego, no lo es por sus conductas de ahora, después de la abdicación. Con lo que resulta que si mañana va y en el parque de El Retiro le arrebata a una señora el bolso y sale corriendo o huye en moto, sí podría ser penalmente procesado por el correspondiente delito. Esa, la del procesamiento penal, es una de las razones por las que a toda prisa se está organizando legalmente el aforamiento del antiguo rey. ¿Es eso un problema? Y si lo es ¿por qué lo es?

Respuesta que vemos a menudo en los medios y las tertulias: se trata de evitar el riesgo de que la conjunción de un ciudadano loco y un juez chiflado acabe en una investigación judicial de un posible delito del antiguo rey, y quién sabe si hasta en su imputación, con la consiguiente apertura de juicio oral. Un desastre no descartable, al parecer.

Pero ese razonamiento tiene un trasfondo de tomo y lomo y envuelve más de una falacia, creo. Por tres razones. Una, porque pareciera que hace falta estar mal de la cabeza para andar acusando de delitos a Juan Carlos de Borbón o para admitir a trámite, siquiera, una tal acusación. Sí, a quién se le va a ocurrir que pueda delinquir el suegro de Urdangarín, padre de Cristina, amigo del alma de algunos de los más selectos hombres de negocios que acabaron en la cárcel durante las últimas décadas, el que resultó que tenía una fortuna que desconocíamos, al que Hacienda no vigila ni controla por ser él quien es, el que desaparecía días y semanas para ir a cazar elefantes y variadas criaturas en compañía de la amante de turno a la que le ponía habitación en la parte de atrás de palacio. Etc. ¡Anda ya! Un pájaro de cuenta.

Segunda razón: tal parece que del Tribunal Supremo para abajo la proporción de jueces majaretas es preocupante, por lo que es tan de temer que el posible caso real de la realeza le cayera a uno de ésos que están de atar y la liara gorda. Así que si yo fuera juez de instrucción de cualquier ciudad española o magistrado de Audiencia o Tribunal Superior de Justicia me sentiría considerablemente ofendido y tentado de hacerme republicano a toda prisa.

Tercera razón. Ah, pero con los del Tribunal Supremo estamos seguros. Si yo fuera magistrado del Supremo me molestaría más todavía. ¿Por qué? Porque se está dando toda la impresión de que por ese lado no caben sorpresas ni heterodoxias y que el que llega a tan alta magistratura es bien fiable y podemos estar tranquilos. ¿Fiable por qué? ¿Tranquilos quiénes? Medítese sobre el particular y ya me cuentan sus conclusiones.

Pero FALTA LO MÁS SIMPÁTICO Y JURÍDICAMENTE MÁS APASIONANTE. Así que allá vamos.

¿Me permiten que les copie los apartados 1 y 2 del art. 57 de la Constitución Española? Rezan así:

"1. La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica. La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos.

2. El Príncipe heredero, desde su nacimiento o desde que se produzca el hecho que origine el llamamiento, tendrá la dignidad de Príncipe de Asturias y los demás títulos vinculados tradicionalmente al sucesor de la Corona de España".

Ya ven, la Corona es hereditaria, como corresponde, y el heredero es el varón primogénito. Recordaremos todos también que, Constitución en mano, ya no cabe discriminar, a efectos de derechos, entre hijos legítimos e ilegítimos, se acabó esa distinción. Bien, pues ahí está la madre del cordero: hay un varón de más edad que Felipe VI, el Rey actual, que se dice hijo de su mismo padre, aquel del que, como primogénito, Felipe de Borbón ha heredado la Corona. Ese que reclama la filiación lleva años peleando en los tribunales y hasta ahora le había dicho, con forzadísima interpretación, que no cabía un proceso civil de establecimiento de la paternidad porque el demandado, que era el rey, es inviolable e irresponsable, según la Constitución. Ja, pero ahora ya no es rey.

Esos procesos de establecimiento de paternidad son en estos tiempos de una sencillez apabullante, en el fondo, pues el problema probatorio se ha diluido: prueba de ADN y a volar. Pues bien, supongamos que procesalmente la reclamación del que se dice hijo mayor (por el momento) de Juan Carlos de Borbón procesalmente es viable, que lo es, y llega al juez o tribunal competente y ahí se determina, prueba irrefutable en mano, que sí, que Felipe de Borbón, ahora Felipe VI, tiene un hermano mayor. Uno más para heredar lo de las cartillas de ahorros, pero eso es lo de menos. Lo interesante es preguntarse esto otro: ¿Tendría que ser o haber sido ese hijo mayor el heredero de la Corona? Y si contestamos que no, ¿en qué queda la ya maltrecha legitimidad política y constitucional de la monarquía actual?

Llegan al paroxismo tensiones que estaban más o menos latentes. Una es la que afecta a la monarquía misma. La monarquía solamente puede funcionar como Jefatura del Estado, en la nación que sea, bajo una de estas dos condiciones: o por legitimidad de origen o ganándose la legitimidad por el ejercicio. La legitimidad de origen supone que la gente crea que la cadena dinástica en cuestión la puso Dios y que se trata de sujetos con cualidades excepcionales, únicas, tremendas. Eso hoy en día ya no cuela y se opone hasta a los presupuestos constitucionales de monarquía parlamentaria. Además, la condición social tácita era también la de que si son tan así ni pueden casarse con plebeyos ni pueden tutearse con los del barrio ni pueden bajarse ni un ratito de la peana delante de sus súbditos.

La otra vía es la de que se les acepte en su función no por ser quienes son, sino porque, ya que cayeron ahí por un azar histórico y por tradiciones bobas, pues que lo hagan muy bien y sean la mar de honestos, capaces y eficaces. Ese parecía ser el caso de Juan Carlos I hasta..., hasta que los medios de comunicación empezaron a soltar lo que había, entre otras cosas porque ya no se podía ocultar que su yerno robaba y su hija o tenía también la mano larga o era una marujona boba. Y resultó que fueron saliendo cosas y más cosas y más y que ahora la imagen del Rey recién abdicado es mala tirando a pésima y que la única virtud que se le aplica aún es la de campechano, pero vaya usted a saber para qué la usará o la habrá usado.

Tenemos una deslegitimación de la Corona por ejercicio, tenemos una bomba constitucional en forma de juicio de paternidad, tenemos una paradoja jurídica irresoluble, por tanto, tenemos un problema político y de legitimidad de primer orden y por todas esas razones, y, de propina, todo ello sucede en tiempos de crisis radical de las instituciones públicas y de todos y cada uno de los poderes del Estado, manchados hasta el espinazo por la corrupción, el nepotismo, los sucios manejos y las parcialidades más descaradas. Ya saben, ayer mismo contaban los medios que de los setecientos empleados del Tribunal de Cuentas (¡¿setecientos?!), cien son parientes de los de dentro. Y, así, diez casos nuevos cada día.

Añádase al cóctel un detallito no baladí: los políticos con mando son unos mindundis de primera y no tienen más hábito que el de escurrir el bulto o el de disfrazarse de avestruz. Con lo que con cada nueva propuesta o chapuza empeoran la situación y echan leña al fuego. ¿Que quieren mantener y defender la Monarquía y dar respaldo al nuevo Rey? De acuerdo, pueden tener buenas razones. Pero están consiguiendo y van a conseguir lo contrario.

En el caso de la Infanta Cristina, a la que al fin ha imputado el juez, se equivocan absolutamente los que instruyen al fiscal Horrach y lo animan a convertirse en defensor, escudero y enamorado. Porque como él y los de detrás de él se salgan con la suya y la Audiencia de  Mallorca les acepte el recurso contra la imputación, va a suceder algo infinitamente peor que ver a la señora de Urdangarín sentada en el banquillo de los acusados. Se va a armar la marimorena y ese mismo día se habrán multiplicado por cuatro los republicanos en este país. Porque es tan zafia la maniobra, tan burda la maturranga, tan impresentable la actitud del fiscal, y más cuando él se pierde, hasta en el recurso, en ataques personales al juez, que, si ganan, resultará peor el remedio que la enfermedad. Una infanta penalmente condenada desgasta la Corona y las instituciones en general mucho menos que una infanta absuelta por la espalda y con la nariz tapada y los dedos cruzados.

Y algo similar sucede con lo del aforamiento de Juan Carlos de Borbón. El Estado no tiene que asumir como propias las fechorías del que fue Jefe de Estado. Porque si por haber sido rey las asume y las asumimos, nos topamos con otra razón para preferir una República. Pues no me imagino por qué habría de ser un problema que al anterior Presidente de la Nación le salieran siete hijos no reconocidos o que decidiera, después de dejar su cargo, atracar un par de bancos. Se permitiría cumplir el papel a las instituciones del Estado, empezando por la Justicia, y santas pascuas.

Mucho se ha dicho sobre los méritos del anterior Rey y su papel a la hora de instaurar un régimen constitucional y democrático. No discuto eso ahora, ni entro ni salgo. Parece que en su caso fue virtud moral el preferir la democracia a la dictadura y la libertad de los ciudadanos antes que la opresión de los súbditos. Pero de acuerdo. Mas sean mayores los méritos de antaño o sean menos, lo cierto es que el mismo personaje se está ahora llevando por delante el crédito del Estado y de muchas de sus instituciones principales. Con sus hazañas de antes que se van sabiendo y las de hace poco que se han conocido, ha dejado la Corona para el arrastre. Para evitar que se le juzgue como a un ciudadano más, puesto que ahora se le supone una capacidad para el delito superior a la común, se está degradando el legislativo al aprobar a la trágala la norma que permita su aforamiento súbito. Y para que salga bien librado el día que tenga que sentarse en un banquillo ante los jueces, no sólo se trata de domesticar bien a los magistrados de los altos tribunales, sino que de esa corruptela se hace virtud y tal parece que tengamos que agradecer, en pro de la salud del Estado, que los jueces más altos estén bien atados y adecuadamente dispuestos a hacer la vista gorda cuando toque. Siempre por nuestro bien,

Todo se está yendo al carajo, pero pocos andan con mala conciencia. Es lo que tienen la impunidad como hábito y la irresponsabilidad como procedimiento.

Los estudios de los políticos

Hoy viene en algún periódico que la Vicepresidenta del Gobierno catalán ha terminado al fín la carrera de Psicología, después de 29 años desde que la comenzó. Hace unos años se había descubierto que falseaba el dato en su currículum, donde se decía licenciada. Luego cambió su expediente a una universidad privada. No todas las universidades privadas españolas son malas, claro que no, pero algunas son tremendas y venden sus títulos con mayúsculo descaro.

No es el de esa política catalana el primer caso, abundan. Se comentó hace meses que no es muy diferente la situación del actual líder del PP en Andalucía. De otros se cuenta, sin que sea desmentida la noticia, que empezaron en su juventud la carrera de Derecho y nunca la acabaron, o que concluyeron al cabo de diez o quince años. Si la memoria no me traiciona, en esas estaban José Blanco y Susana Díaz. El ejemplo imperecedero lo brindó en su día Luis Roldán, aquel Director General de la Guardia Civil y casi ministro que se decía lleno de títulos universitarios y que en verdad no tenía ni uno.

La cuestión teórica de fondo tiene su interés. Podemos estar de acuerdo en dos tesis básicas: que el acabar una carrera universitaria en tiempo y forma no es garantía de gran solvencia intelectual o de que se posean habilidades suficientes para gobernar cualquier cosa, y que puede haber y ha habido políticos sin carrera que hicieron un gran papel en sus puestos y que eran personas de extraordinaria perspicacia. Descartamos, pues, las excepciones por un lado y por el otro y nos quedamos con unas pocas preguntas elementales. La primera, por qué en los partidos políticos de estas tierras es cada vez más común que lleguen a los puestos más altos auténticos iletrados, con carrera o sin ella, sujetos cuya solvencia intelectual es a todas luces escasa, personajes sin la más mínima cultura, individuos que ni de broma aprobarían sin enchufe el más elemental concurso para conserje de un colegio o para celador de un hospital, pongamos por caso. A propósito de este último supuesto, van un montón de ministros o ministras de Sanidad que jamás lograrían esa plaza, pero que fueron aupados al ministerio desde el que se dirige la sanidad pública, asunto complejo donde los haya.

La segunda pregunta versa sobre si, a pesar de esos pesares, pueden esos tipos desenvolverse bien y con garantías en ministerios, consejerías y altos cargos en general.

Sobre lo primero, parece sencillo responder. Es sabido y muchas veces repetido que los partidos políticos, en particular los más grandes, se han tornado organizaciones en las que se asciende a base de ratonerías, de maniobras entre bambalinas, de tomas y dacas y dimes y diretes, de zancadillas y promesas, de compraventa de voluntades y adhesiones, del funcionar de círculos cuasimafiosos y luchas entre capos. Las habilidades para tales juegos requeridas tienen poco que ver con las capacidades intelectuales y la calidad intelectual y moral de las personas, más bien se requiere zorrería, ambición cazurra y descaro a raudales. No puede, pues, extrañarnos que en tales grupos se desconfíe de quien esté bien formado, tenga alguna altura de miras y una mínima consistencia moral. Es campo fértil para amorales y trepas. Las consecuencias de tal hecho, difícilmente discutible, son, para empezar, que la ideología hace mutis por el foro y que de la actividad política dentro de los partidos huyen como de la peste los más capaces y los más decentes. También se explica así que cualesquiera pactos entre partidos son posibles, pues no suponen nunca renunciar a las ideas, que no se tienen o que no se respetan, e implican repartirse nada más que el pastel, las influencias y la ganancia.

La segunda cuestión es algo más desconcertante. Después de que hayamos tenido un buen puñado de presidentes estatales y autonómicos y de ministros que no sabían hacer la o con un canuto, vivillos sin seso, arribistas sin principios, constatamos, perplejos, que poco más o menos las cosas siguen funcionando. ¿Siguen funcionando? Si así es o así fuera, tendríamos que concluir que los gobernantes son perfectamente fungibles y hasta prescindibles, que la maquinaria de las instituciones seguiría su curso aunque al timón pusiéramos al más tonto del pueblo, si es que lo hay más tonto, o aun cuando colocáramos ahí a conejo de la Loles o a un maniquí. Algo de eso hay, y supongo que si no se hunde todo (si no se hunde más) es gracias a que los buenos funcionarios hacen su trabajo y mantienen la maquinaria en funcionamiento, a pesar de la incompetencia sublime de sus jefes.

También debemos pensar que el daño toma la forma de lo que los juristas llamamos lucro cesante. No se trata de ver sólo lo que a pesar de los pesares se tiene, sino de darse cuenta de lo que por causa de esos pesares se deja de tener, de cómo podrían marchar las cosas si nos gobernaran personas de bien y suficientemente formadas. El lucro cesante es indiscutible, renunciamos a grandes dosis de progreso y bienestar porque permitimos que nos manden las acémilas, porque nos recreamos aviesamente en el voto al incapaz y al deshonesto, porque jugamos los electores a la ruleta rusa y masoquistamente disfrutamos con el riesgo de que nos echen a pique el país esos cantamañanas a los que damos el voto por razones tan nobles como que los otros son igual de malos o como que estos malos son los nuestros y a ese partido ya lo votaba mi abuelo y en mi familia somos muy así. Es como aquello de ser del Madrid o el Barcelona porque la primera camiseta que me regalaron de pequeño era de tal equipo. Sólo que lo de la política debería parecernos algo más serio que el fútbol.

Hay cierta circularidad en la situación, y el sistema social y el sistema político se retroalimentan con sus inanidades. En el fondo de todo está un supino desprecio al saber y a la cultura, por no decir que también una indiferencia feroz frente a la honestidad. Muchas veces los ciudadanos sentimos más cercano al burro que al intelectualmente apto. Entre las circunstancias que influyen en nuestro voto está el que sea guapo o feo el candidato, el que sea de este pueblo o de aquel, el que salga en la tele más o menos, el que nos diga cosas bonitas o parezca hosco, el que salga o no en revistas del corazón en compañía de alguna torda o de cualquier profesional del braguetazo, etc., etc. Muy pocas veces y a muy pocos les cuenta el que los candidatos sean o no capaces de estudiar alguna cosa, el que hablen al menos un poco de inglés, el que hayan tenido alguna experiencia profesional para formarse, el que hayan viajado un poquito y conozcan algo del mundo, el que se hayan demostrado capaces de aprobar por las buenas las asignaturas de una carrera del montón. Eso sí, luego, cuando veíamos o vemos a Zapatero o Rajoy en cualquier reunió internacional, marchitos y apocados y tratando de no acercarse a ningún líder extranjero para que no les hable ni en inglés ni en francés ni en alemán ni en nada, nos da un poquillo de repelús al principio y luego comentamos que pobrecillos y qué majetones en el fondo.

Y, claro, hay quien se rasga las vestiduras porque un gobierno tras otro no apoya como es debido la investigación científica en España ni se esmera en organizar un sistema de educación presentable y eficiente. ¿Pues qué esperamos? En mi pueblo dicen que de donde no hay no se puede sacar. A tal sistema político le interesa más una sociedad primaria e inculta, una ciudadanía elemental y simplona que pueda presumir de títulos sin fundamento, una organización educativa y académica que a la hora de la verdad procure que los más competentes emigren o que, si se quedan aquí, se conviertan en burócratas de medio pelo. El que no tiene no da, el que no se ha formado malamente admite el valor de la formación, quien tiene pocas luces prefiere la penumbra o la noche en que todos los gatos son pardos.

Son, muchos, unos perfectos lerdos, pero son nuestros lerdos y nos gustan así, torpones y pícaros. Ajo y agua.