Sic transit gloria mindundi

Ayer volví a verlo. Estaba sentado, solo, en un banco de los que bordean un parque de las afueras. Tenía la mirada perdida, las dos manos apoyadas en los bordes del banco, los pies cruzados y los labios apretados. Yo creo que estaba recordando algún discurso de antes o fraguando uno para sus adentros. Pasé por delante de él y no me reconoció, aunque bien es verdad que tampoco hice nada por llamar su atención y que reparara en mi presencia.

Antes paseábamos en grupo, largos y lentos recorridos desde su residencia en los límites de León, allá donde casi empieza Carbajal de la Legua, hasta El Corte Inglés o el parque de San Francisco. Podía ser una hora para la ida y hora y media de regreso, con paradas cada tanto en plena acera para debatir, recordar y lanzarse puyas. Allá iban Paco, que ya se apoyaba en bastón y que cada tanto llamaba con el móvil a Mercedes para preguntarle cualquier dato o decirle que ya se había cansado y que pasara a recogerlo con el viejo Volvo, Avelino, que mantenía su costumbre de ser ubicuo y escurridizo al tiempo, César, que sin parar sacaba a colación ejemplos históricos de prohombres desgraciados y que con ello sumía al hombre nuestro en la confusión. También aparecía cada tanto aquel eterno doctorando brasileño que ahora se dedicaba a pleitear en estas tierras y que se había convertido en su sostén emocional, pues juntos gastaban tardes enteras para recordar las maldades de Bush y las fechorías del imperialismo gringo.

En fin, fueron tiempos graciosos. Al principio nos conducíamos con delicadeza, respetuosos de su retiro, hasta un poco compadecidos por su envejecimiento prematuro, aun cuando no estábamos, ninguno, para lanzar cohetes. Nos daba lástima su soledad y ese gesto de sacar a cada minuto el teléfono móvil del bolsillo para mirarlo con un rictus en la boca y volver a guardarlo. Eran instantes en los que dejaba de atender a la conversación y andaba ausente. Alguna vez lo vimos marcar unos números, equivocándose sin parar, y, cuando al fin parecía que iba a hablar con alguien, escuchábamos un sencillo “disculpe, me habré equivocado” o un esperanzado “dígale que la llamó José Luis, ella ya sabe”. Y vuelta a pararse al minuto para mirar y remirar la pantalla del aparato, hombre en espera y víctima propicia para nuestras bromas, que si mira a ver si te llega un mensaje de la Casa Real, que si a ver si te ha llamado algún Cándido y no lo has oído.

Yo anduve remiso para sumarme a semejante pandilla, pues, por un lado, me había propuesto aprovechar la jubilación para leer algo de la mucha literatura cubierta de polvo en mis estanterías y, por otro, temía que me guardara resquemor por tantas burradas que había escrito en mi blog. Nunca dijo ni pío de eso, creo que no me asoció conmigo mismo ni supo bien jamás de dónde había salido yo. Pero ya la vista se resentía y hasta el blog tuve que dejar después de casi treinta años. Ya qué me importaba y, para colmo, el médico venía recomendándome paseos en cada consulta.

Pensé que la gente nos miraría, que los peatones comentarían, pero él se había vuelto invisible; o sería que ya no se nos veía a ninguno. La mayoría vivíamos de remenbranzas, mas nunca llegué a saber si él recordaba o si la neblina se iba apoderando de su mente antes que de la de los demás. Bien es verdad que de Pascuas a Ramos lo encontrábamos de nuevo agudo, diríase que lúcido a su manera, con esa capacidad para dividirnos y buscarse complicidades, con la mirada turbia en los ojos claros y como si tramara alianzas para asaltar con los suyos alguna de aquellas residencias de ancianos ante las que cruzábamos sin querer fijarnos. Pero se fueron espaciando esas ocasiones y él cada vez iba más silencioso, los hombros caídos, las chaquetas demasiado grandes ya para su talla mermada, las camisas mal abotonadas, mientras uno traía a colación alguna anécdota del emperador Francisco José o el otro narraba un recién descubierto cotilleo de Mahler y su esposa Alma. Cafés casi nunca tomábamos, hay quien dice que porque ya no convenían a la salud de ninguno y quien opina que porque la mayoría había perdido la costumbre de salir de casa con unas monedas, por si acaso.

Ya hace más de un año que se terminaron aquellas caminatas. Con alguno sigo citándome los miércoles, pero él ya no aparece. Prefiere estar solo. Sé que le gusta ese parque donde acabo de dejarlo y estoy pensando que mañana, si no llueve, volveré por allí y me sentaré a su lado y le diré cualquier cosa, no sé, hola, José Luis, ¿quieres que compre un paquete de pipas y se las echamos a las palomas?

(Dedicado a P.S. que me inspiró minuciosamente esta historia que puede ser real)

Afinando y debatiendo sobre el caso de la UPB y Alexy

Algún buen amigo colombiano me plantea si no está la Universidad Pontificia Bolivariana en su derecho al invitar y rendir homenaje a quien quiera, y más si es con ocasión de que celebra los setenta y cinco años de su fundación. Me pone una muy certera comparación para que reflexionemos: ¿acaso -dice- si un determinado partido celebra unas jornadas del partido o un mitin electoral diríamos que hace mal por no llamar a algún representante de un partido rival para que también tome la palabra? Y lo que a la postre quiere que tratemos es si en el caso de la UPB están en juego la libertad de expresión y la libertad académica, como muchos están diciendo, no sin sus razones también. Son cuestiones a las que interesa sacar algo de jugo, y más si se hace desde la distancia de este que suscribe, español y ajeno a otro tipo de disputas que en aquella Escuela de Derecho y Ciencias Políticas pueda haber y que no me conciernen, y por encima de que, si hay bandos, uno pueda tener amigos a ambos lados de la barricada.

Creo que en mi entrada de ayer sobre ese incidente no aludí a los mencionados derechos fundamentales, a la libertad de expresión y a la libertad académica y científica. Mi opinión era que el rectorado había cometido errores importantes. Uno, y principalísimo, equivocar el diagnóstico sobre lo que en verdad suponen las tesis constitucionales y iusfilosóficas de Robert Alexy. Es decir, que al dogmatismo se suma cierta carencia de conocimientos teóricos sustanciales. Otro, tal vez, perder la ocasión para hacerle a la universidad una publicidad magnífica y dar imagen de apertura intelectual y académica. Para cualquier empresa o institución resulta muy costoso labrarse una buena imagen ante la opinión pública y los potenciales clientes, mientras que en el descrédito se puede caer en un momento y con una sola medida errada. Pero, insisto, lo de los mencionados derechos fundamentales es harina de otro costal.

Por el hecho de que un partido político no invite a sus actos a los de otros partidos no se vulnera la libertad de expresión ni ninguna otra. Tampoco si en un convento católico no llaman a dar conferencias o a predicar en sus misas a algún representante del budismo, del Islam o del ateísmo militante, e idénticamente igual a si en un congreso de ateos no convocan como ponente a un obispo. Contra las citadas libertades se atenta sólo en el caso de que los unos pongan inconvenientes o traten de evitar las reuniones y conferencias de los otros. En España ocurrió, por ejemplo, cuando algunas organizaciones católicas protestaron porque un grupo de ateos pagaron para que los autobuses de algunas ciudades llevaran una publicidad consistente en una inscripción en la que se decía “Dios no existe”. Igual de poco respetuoso sería que esos ateos se quejaran de que en las calles nos encontremos anuncios de la próxima visita del Papa a España o de que un amigo se nos despida con la fórmula “hasta mañana, si Dios quiere”.

Entrando en mayor detalle jurídico, existen las que los iuslaboralistas llaman empresas ideológicas, que son aquellas cuya actividad laboral y mercantil va unida esencialmente a un credo religioso o ideológico muy marcado y que da su razón de ser a la entidad. Un colegio religioso, por ejemplo, sería una empresa ideológica, y no resulta, en principio, inadmisible que para la enseñanza de la asignatura de religión se quiera solamente a los católicos que conozcan los dogmas de esa confesión y no los combatan patentemente. Algo de esto se suscitó en España a propósito de la enseñanza de religión en colegios concertados, que son colegios privados, generalmente religiosos, que, sin embargo, son financiados por el Estado, con el fin, se dice, de que los padres tengan, en igualdad, la posibilidad de elegir el tipo de educación que desean para sus hijos. Aquí la contratación de esos profesores de religión depende de los obispados, cuestión ciertamente curiosa, y en alguna ocasión fueron despedidos profesores de religión por haberse divorciado o por convivir maritalmente con persona con la que no estaban casados. El Tribunal Constitucional, sin embargo, viene dando la razón a esos profesores despedidos cuando ante él recurren en amparo, con argumentos jurídicos y constitucionales que ahora no vamos a detallar.

Se suman a lo anterior algunas consecuencias posibles del derecho de propiedad. Yo a mi casa, porque es mía, invito a quien quiero, y con mi dinero, porque es mío, organizo solamente los actos que deseo. Si convoco en mi casa a una cena de amigos, no tengo por qué verme obligado a convidar también al vecino que me cae mal o con el que estoy enemistado. Creo que lo mismo vale para una empresa, y más para una con un perfil ideológico perfectamente marcado, como es una universidad eclesiástica. Puestos a manejar instrumentos jurídicos afinados, lo único que en un caso como este se podría pensar es si por causa de la invitación primero cursada y después anulada se ha provocado a alguno de los conferenciantes algún perjuicio que pudiera dar lugar a reclamación por daño, en el caso de que se produjera la correspondiente reclamación. Supongamos que el conferenciante X hubiera renunciado a un curso bien pagado que en los mismos días le hubieran ofrecido en otro lugar y que no hubiera posibilidad de trasladarlo a otras fechas. Habría perjuicio y, con la anulación de los actos de Cartagena, seguramente hasta se podría defender que la responsabilidad de la UPB es culposa. Y no digamos si a algún profesor se le imputan, ante los miembros de esa universidad o, incluso, ante la opinión pública, tesis o actitudes que no fueran las suyas, pues entonces cabría demandar también por daño moral. Seguro que Alexy no lo hace, pero habría caso si se rebelara así contra quienes lo presentan como defensor del aborto libre.

El tema en verdad más interesante en sede teórica se halla en la relación entre universidades confesionales y ciencia, en el sentido más amplio de esta última expresión. Si algo se exige para el progreso científico, es libertad de pensamiento y expresión, y de investigación, y apertura al debate sin cortapisas. En ese sentido, la incompatibilidad entre ciencia y dogma religioso (sea de la religión que sea) es palmaria. Para decirlo claro: la dificultad no es tanto que la universidad religiosa X (la que sea, estamos hablando en general) no desee que en sus aulas o actos y a su cargo explique sus tesis Richard Dawkins, conocido expositor del ateísmo, o algún radical defensor del aborto, sino en que en esa universidad sólo se explique la Ley Eterna y el iusnaturalismo escolástico. Ese es el tema. Pongamos un supuesto bien extremo: ¿sería admisible y debería darse algún valor a una maestría sobre paleontología o biología evolucionista que se impartiera en una universidad que fuera de propiedad de una asociación creacionista y en la que nada más que se diera la versión de los creacionistas sobre la teoría de la (no) evolución? ¿Debería ese título ser oficialmente reconocido y con el mismo valor que cualquier otro?

Otra comparación. Imaginemos un hospital que perteneciera a un grupo de testigos de Jehová y en el que estuvieran prohibidas las transfusiones de sangre a los pacientes, aun a riesgo de muerte de estos. ¿Debería permitirse? Tal vez únicamente a condición de que cualquier ciudadano tenga la información suficiente sobre esa característica de tal hospital y la posibilidad de acudir a otros, a su elección. Si nada más que va a peligrar allí la vida de los testigos de Jehová que allí han querido ser tratados u operados, allá se las compongan. Pero en cuanto sea concebible un caso en que algún paciente pueda ser perjudicado sin desearlo, ese hospital no debería ser autorizado. Bastará, además, que a cualquier paciente adulto, en un hospital cualquiera, se le reconozca el derecho a no recibir transfusión sin consentimiento. Con eso, ya no habría justificación para que los testigos de Jehová mantengan hospitales propios bajo aquella cláusula de no realizar transfusiones.

Retornemos a las universidades. Todo dependerá de cuál sea la función que les asignemos o que consideremos propias de ella en un Estado constitucional y democrático de Derecho. Si la prioritaria ha de ser la de brindar una exigente formación científica, en las ramas que sean, el Estado debe velar para que el adoctrinamiento en una fe o en una determinada ideología no venga a significar una censura u ocultamiento de las teorías que todo buen profesional universitario debe conocer y manejar. Esto no quiere decir que un dogma se cambie por otro y que deba el Estado prescribir exactamente lo que en cada lugar se enseña. No es que el Estado haya de vigilar para que no se diserte sobre lo que no se debe, sino para que sí se diserte también sobre lo que se debe, a tenor de los patrones científicos del presente. No se trata de reemplazar unas censuras por otras, sino de buscar un conocimiento exento de censura. Por supuesto que ha de respetarse la libertad de cátedra y hasta el perfil ideológico de una universidad privada, y naturalmente que se tiene que permitir que haya profesores que expongan la doctrina de la Ley Eterna o los dogmas del creacionismo, incluso, y sin ánimo de comparar. Mas donde se evitara que otras concepciones del Derecho o de la Biología fueran también dadas a conocer con objetividad y donde se reprimiera a los profesores y estudiantes que no se atuvieran al dogma prescrito, algo habría que hacer. Pues, por su función social y su relación con el interés general, una universidad ha de ser cosa bien distinta de un seminario eclesiástico o un convento. El que se inscribe en un seminario diocesano o se recluye en un convento de clausura en nada me perjudica y está en su perfectísimo derecho, y más si el seminario o el convento no se mantienen con el dinero de mis impuestos. En cambio, sí me afecta, y mucho, que sea cierta o no la competencia profesional del médico que me opera o del abogado que lleva mi pleito.

En resumen, que no veo vulneración de derechos fundamentales cuando el rectorado de la UPB primero invita a Alexy y luego cancela el acto previsto. Está en su derecho, más allá de que, en su caso, hubieran de indemnizarse los perjuicios de algún sujeto, si los hubiere. Lo que sí encuentro preocupante es que haya profesores o autoridades académicas que imploren la censura y el desconocimiento de las teorías ajenas como signo distintivo de su universidad. Esos sí que se ponen al borde de la Constitución y ahí sí que podemos empezar a hablar de la afectación negativa de derechos fundamentales, de los derechos de los estudiantes y de los derechos de todos. Esos son los derechos fundamentales que están en juego, no los de Alexy o de tal o cual conferenciante.

Esperemos que se trate de un incidente puntual y sin mayor trascendencia. Para ser justo y ecuánime he de decir que me ha tocado dictar clases y conferencias en universidades privadas colombianas de orientación confesional o que pertenecen a la Iglesia o a alguna orden eclesiástica. Jamás he padecido ni la más mínima censura ni reproche ni me he privado de decir lo que quería en un ambiente de ejemplar libertad y de fructífero diálogo. También en la UPB. Confío sinceramente en que nada esté cambiando, en general, y que Colombia siga siendo ese país plural y amigo de las libertades en el que los extranjeros nos encontramos una y otra vez magníficos colegas y muchos excelentes estudiantes que buscan el saber en libertad. Que así sea.

NUEVO ESPERPENTO ACADÉMICO: EL RECTORADO DE LA UPB CANCELA EL NOMBRAMIENTO DE ROBERT ALEXY COMO DOCTOR HONORIS CAUSA

El profesor y jurista alemán Robert Alexy iba a ser investido en octubre próximo doctor honoris causa por la colombiana Universidad Pontificia Bolivariana, que tiene su sede principal en Medellín. El acto estaba previsto en Cartagena de Indias y se habían organizado grandes fastos académicos. La lista de conferenciantes invitados para la ocasión, tanto colombianos como de otros países, España incluida, era realmente excelente, se avecinaba un encuentro pocas veces visto por aquellos pagos, y en muchos otros. Parece que la mencionada Universidad pensaba echar el resto en un acto que, sin la más mínima duda, supondría una buena publicidad y una extraordinaria promoción.

Esta mañana han comenzado a llegarme correos electrónicos de Colombia y me he enterado de que el rector ha suspendido el evento. Me he puesto a hurgar en internet y a averiguar un poco más y estos que relato a continuación son los datos que tengo en este instante. Seguro que me faltan unos cuantos.

Con fecha de 23 de julio, un profesor se la Facultad de Derecho de la mencionada universidad dirige al rector una carta en la que protesta porque se otorgue el doctorado honorífico a Robert Alexy. En esa carta, por cierto, hay unos cuantos errores ortográficos y el nombre del profesor alemán se escribe varias veces de modo incorrecto. Se expone ahí que la teoría de Alexy sobre las normas iusfundamentales como principios y sobre la ponderación como método para solucionar jurisprudencialmente los conflictos entre principios constitucionales fue empleada en su día por la Corte Constitucional de Colombia, en su sentencia C-355/06, para considerar constitucional la despenalización del aborto en determinados supuestos. Esto le parece indignante al agudo profesor y razón sobrada para no homenajear a Alexy, pues, al parecer, Alexy y sus seguidores “centran su discurso en la mera racionalidad sin ningún recato por la Ley Eterna”. Va de suyo, pues, que entre Ley Eterna y racionalidad hay una colisión que debe resolverse a favor de la segunda, como mandan los cánones, concretamente los cánones eclesiásticos. Seguidamente el redactor intrépido le formula al rector unas cuantas preguntas: "¿No debería una universidad Pontificia enaltecer mas bien el concepto de derecho natural y moral prescrito por Aristóteles y Santo Tomás? En vez de hacérsele un reconocimiento al profesor Alexy, por qué no se ha traído y enaltecido mas bien a los grandes filósofos del derecho católicos cómo: Javier Hervada de la Universidad de Navarra, o John Finnis de la Universidad de Oxford, o Carlos Massini Correas de la Universidad de Mendoza? ¿Por qué no se enseñan en nuestra facultad a los grandes filósofos del derecho católicos contemporáneos como: Rodolfo Vigo, Georges Kalinowski, Sergio Cotta, Michel Villey, con la misma intensidad con que se ha enseñado a Alexy, Habermas, etc…?”. Pobre Aristóteles, por cierto.

Tiene su buena miga el asunto, pues en el fondo late la interesante cuestión de si no debería ser plenamente confesional la enseñanza de la Teoría y Filosofía del Derecho en una universidad eclesiástica. ¿Sería ese un argumento para desterrar de las universidades públicas de un Estado no confesional la exposición de los juristas que profesan el iusnaturalismo católico y andan a vueltas eternamente con la Ley Eterna? Habría que meditarlo.

Con fecha de 29 de julio, el rector de la Universidad Pontificia Bolivariana remite a la decana de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas una carta en la que le da cuenta de su decisión de cancelar el evento de Cartagena en honor de Alexy. En esa carta figura el siguiente párrafo, muy jugoso: “No deja de sorprenderme el silencio de su parte acerca de la orientación y énfasis que algunos de los ponentes, abiertamente, hacen en pro del aborto. En lo que he evidenciado hasta ahora, cinco de los ponentes tienen esta clara posición, incluso algunos de ellos, con posturas radicales públicas en contra del las orientaciones del Magisterio de la Iglesia respecto a la defensa de la vida humana en todas las etapas de su desarrollo”. La propuesta para hacer doctor honoris causa a Alexy había sido aprobada por unanimidad por el Consejo Académico de la Universidad.

Por lo que consta en el programa, los ponentes iban a ser veintiuno y, por lo que de muchos de ellos conozco, los había de muy distintas orientaciones doctrinales e ideológicas. Más de uno podría haber usado su tribuna para defender el iusnaturalismo cristiano frente a las acechanzas de los autores modernos.

Ayer mismo renunció la Decana, María Cristina Gómez Isaza, con quien, por cierto, mantengo vieja amistad. No la tengo por agente infiltrado desde las filas del positivismo ateo. Ignoro si alguno de los promotores principales del evento habrá dimitido también de sus puestos o cargos o si pensará hacerlo estos días.

Hace un par de años fui invitado por María Cristina Gómez a impartir un pequeño curso en aquella Facultad y he de decir que el ambiente académico era estimulante y que en ningún momento aprecié ni el más leve indicio de falta de libertad o amago de censura. Defendí a mi manera el positivismo jurídico, critiqué también un rato la obra de Alexy, que no es precisamente ni positivista, y disfruté con los buenos debates.

Hasta ahí lo que hasta el momento he sabido de tan penoso incidente. Antes de pasar a algunas reflexiones de otro tipo, me permito el atrevimiento de reproducir lo que hace ya algún tiempo me habían ido contando algunos de los impulsores de la invitación a Alexy. Éste es uno de los más importantes e influyentes teóricos y filósofos del Derecho europeos de la actualidad, puede que el más relevante de todos. Que un servidor discrepe de buena parte de sus tesis ni quita ni pone para reconocerle su valía y su alta consideración en la doctrina del presente.

Había, pues, enorme interés en volver a llevar a Alexy a Colombia y se movieron los hilos en la citada universidad. A la invitación que se le cursó respondió Alexy, según mis informantes, con dos peticiones: que se le diera el doctorado honoris causa y que el acto correspondiente tuviera lugar en Cartagena de Indias. Ambas condiciones fueron aceptadas. Merecidos son, sin duda, los dos detalles y, por otro lado, contra el vicio de invitar está la virtud de pedir. Pedid y se os dará.

Vayamos con un par de reflexiones breves. La primera, bien obvia y merecedora de pocas líneas, sirve para resaltar la ignorancia y el extraño modo de razonar de la autoridad académica y de los que pusieron el grito en el cielo, justamente en el cielo. Cuando se refieren a las tesis de Alexy creo que no saben de lo que hablan. Alexy, por lo que sé, es una persona fuertemente religiosa, si bien de ortodoxia protestante, aunque no hace profesión de su credo en sus escritos. En cuanto a su obra, es pieza esencial en el actual reverdecimiento del antipositivismo jurídico y en la afirmación de la inescindible unión entre Derecho y moral, aun cuando su inspiración está más en el segundo Radbruch que en el iusnaturalismo tradicional. Pero, sea como sea, el diálogo intelectual y académico entre iusnaturalistas, católicos o no, y Alexy es perfectamente viable, fácil incluso, pues la cercanía ahí es mayor que la que habría con un positivista de corte kelseninano o hartiano, por ejemplo. O eso me parece a mí honestamente.

Que la idea de los derechos fundamentales como principios y de la ponderación como guía de la decisión que aplique las normas iusfundamentales al conflicto entre derechos haya sido empleada por la Corte Constitucional colombiana para justificar la constitucionalidad del aborto nada tiene de particular. Idénticamente la podrían haber usado para fundamentar la decisión opuesta. En mi modestas críticas a la teoría de las normas de Alexy, con su división entre reglas de validez estricta, principios y reglas “normales”, ese es un elemento clave, la sospecha de que o bien se presupone como base un objetivismo moral fuerte, como pueda ser, entre otros, el del iusnaturalismo, o bien se queda en un cascarón vacío que se puede rellenar por cada tribunal con el contenido que se quiera, de modo que la catalogación de una norma como principio o regla (normal o de validez estricta), primero, y la ponderación, después, acaban valiendo nada más que para disfrazar de conocimiento objetivo el puro decisionismo y para dar apariencia de determinación por valores constitucionales a lo que no son más que meras preferencias personales del intérprete constitucional de turno.

Un católico iusnaturalista y un positivista escéptico en materia de razón práctica pueden por igual estar de acuerdo en que las normas que vengan al caso (o se traigan a él) son principios y en que ponderarlos es la mejor manera de alcanzar la decisión más correcta. Sólo que cada uno asignará, a su criterio, los pesos y, por tanto, en un caso mínimamente difícil o moralmente comprometido nunca se pondrán de acuerdo. A muchos doctrinantes católicos y iusnaturalistas les encanta también la teoría de Alexy, pues ven en ella perfecto recurso para ponerle al legislador la moral cristiana como límite, aunque sea camuflada de moral constitucional. Si los magistrados de la Corte Constitucional hubieran sido en su mayoría iusnaturalistas y hubieran ponderado contra la constitucionalidad del aborto voluntario en cualquier caso, ¿seguiría pensando algún rector que se trata de una orientación perniciosa y opuesta al magisterio de la Iglesia?

Así avanza la ciencia en algunas instituciones: hacia atrás. Pero bien está que cada tanto nos apercibamos de que el viejo conflicto entre el dogma eclesiástico y la razón científica no está tan superado como parece. Quitarse las caretas no es hipocresía. Lo hipócrita es llevarlas puestas. Que cada palo aguante su vela, sea una vela marinera o de las que se llevan en las procesiones. Es el andar haciéndose ilusiones infundadas lo que a la postre nos sume en la melancolía. Y melancólico se puede quedar el rector de la Pontificia Bolivariana cuando alguien le explique, si es que se lo explican, que son los de su propia cuerda los que le han metido un gol con la mano, aunque sea la mano de Dios, como cuando Maradona.

¿Fin del Estado social?

Hoy es un día de los que quitan el hipo, hoy a los pocos que todavía tienen ganas de enterarse de lo que pasa no les llega la camisa al cuello. Hoy, al menos durante un rato, la famosa prima de riesgo (más bien suegra de riesgo) de nuestra deuda ha superado los cuatrocientos puntos. Hoy los pesimistas volvemos a lamentarnos de tener razón. Si este desastre no se para, nos espera una buena. Y para evitar la puntilla ya no cabe más que cruzar los dedos e implorar a la Fortuna. Fueron tantos los polvos, que ahora nos ahogan los lodos. Quién sabe qué nos aguardará en la otra vida, al día siguiente de que la UE nos intervenga o, peor, de que nos digan que no hay parné bastante para nuestro rescate y que allá nos las compongamos. Dicen que al principio se percibe como un gran túnel impregnado de una luz muy blanca. Pero eso es para los que mueren un rato. Lo nuestro irá para largo y habrá más bien oscuridad, una oscuridad de miedo.

Por si acaso, ya se nos avisa de que se termina el Estado de bienestar. Descanse en paz. El llamado Estado de bienestar es una patraña, digan los politólogos lo que digan, los pobres. El politólogo es un político con un logo. Sabe aún menos que el economista, que ya es decir, pero tiene la osadía del pedagogo. No sé si vamos a tener pilón para tanta gente. Pero mientras llega la hora, afilemos algunos conceptos, por si más adelante nos hacen falta.

No recuerdo que en nuestra Constitución o en las de por ahí se diga mayor cosa del Estado de bienestar. Tampoco estoy seguro de si aquí propiamente tuvimos uno que mereciera tal nombre, pero sí es cierto que el bienestar que hubo algo debe de tener que ver con el desastre que nos hemos vuelto. Debe de ser ese tipo de Estado en el que el ocio se valora más que el trabajo, en el que el tiempo se aprecia más cuando es tiempo libre, en el que ir a la peluquería o al restaurante cuenta incluso como cultura, si el peluquero o el cocinero son de los caros, en el que los títulos académicos se han de poder conseguir sin esfuerzo y en el que el éxito de los sindicatos se mide por el número de liberados que cobran sin trabajar o de enchufados que trincan plaza de funcionario. Y todo ello con dinero público, a golpe de subvención y de crecimiento imposible del gasto. El Estado de bienestar es el más opuesto a la laboriosidad, al mérito, al esfuerzo y al trabajo productivo y bien hecho. El Estado de bienestar es un cuento chino. El Estado de bienestar, en efecto, se va a acabar, porque ya nos hemos comido entera la gallina de los huevos de oro y ahora estamos endeudados hasta las cejas, ya no con la gallina, sino con unos buitres. Pero qué culpa tienen los buitres, si los hemos alimentado nosotros arrojándoles hasta nuestras entrañas.

El Estado que no puede acabarse es el Estado social. Ese sí sale en la Constitución. Mas el Estado social no es lo mismo que el Estado de bienestar. O, si se quiere, el Estado social es como un Estado de bienestar, pero sin gilipolleces. El Estado de bienestar es fofo y gangoso, mientras que el otro es áspero y recio. Pero, más allá de las imágenes o los epítetos, ¿en qué se diferencian? En que en el Estado social la función recaudadora del Estado, los impuestos, en suma, tiene una justificación esencial: la satisfacción de los derechos sociales de los ciudadanos. La garantía estatal de esos derechos cuesta dinero y ese dinero lo emplea el Estado en ofrecer servicios públicos eficientes. ¿A quién? A quien los necesita porque no puede pagarlos. Cuando hablamos de derechos sociales aludimos a los ligados a las necesidades básicas de la ciudadanía: sanidad, educación, alimento, vivienda… Y la correspondiente investigación, más todos los instrumentos que repercutan en la más eficiente realización de esos derechos.

Otra forma de explicar la distinción puede ser así: mientras que el Estado de bienestar se preocupa porque los ciudadanos, como promedio, vivan bien y tengan muchas cosas, el Estado social se ocupa de que ningún ciudadano viva mal por no poseer los medios para una vida digna y para acceder en igualdad a la competencia social, al mercado, sea al mercado de trabajo, al de la cultura o, incluso, al de la política. En otras palabras, igualdad de oportunidades, esa es la esencia del Estado social. Entiéndase, no es igualdad de bienestar, sino de oportunidades para acceder al bienestar mayor.

El Estado de bienestar es rehén de políticas económicas de crecimiento desbordado. Sin ellas no se mantiene. Es un modelo de Estado que se asienta en lo que podríamos denominar un hedonismo inducido. En lugar de poner las miras en las necesidades esenciales, las pone en el consumo por el consumo. Primero fomenta en el público la necesidad de bienes perfectamente ociosos y prescindibles, y luego alienta el consumo, incluso al precio de repartir indiscriminadamente dinero público. El consumo se dice, dinamiza la economía. Pero es una dinámica viciada, porque es consumo privado basado en políticas públicas no distributivas, desvinculadas de los derechos sociales y que atiende a las cifras globales y los promedios mucho más que a los parámetros de vida digna de lo sujetos.

Algún ejemplo bien obvio. Aquellos cuatrocientos euros que para todo quiste regaló el lince de la Moncloa antes de las últimas elecciones generales no tienen absolutamente nada que ver con el Estado social, aunque socialmente resultaran beneficiosos, beneficio para todos los que los recibimos. Las primas de natalidad, concedidas indiscriminadamente, a todo el que tenga un hijo, tampoco guardan el más leve parentesco con un Estado social. En el Estado social sólo se apoya económicamente a las personas con bajo nivel adquisitivo no debido a su culpa, no a cualquier zurrigurri que traiga otro votante al mundo.

Otro ejemplo, tal vez más delicado, pero patente: en un Estado social decente, los servicios públicos básicos son gratuitos para los menesterosos, mientras que los que poseen cierto nivel económico pagan por ellos. Mismamente, las matrículas en la universidad pública no deberían costar a todo el mundo igual, de modo que los pudientes pueden elegir entre pagar de su bolsillo en una universidad privada o recibir formación poco menos que gratuita en una universidad pública. Para el rico cualquier universidad debe costar como una privada. Y que elija la que mejor le parezca. Siempre y cuando, claro, que las universidades públicas no se vayan convirtiendo en universidades ramplonas y de segunda división, como el PSOE casi ha conseguido y como el PP logrará definitivamente, si San Isidoro no lo remedia.

¿Por qué se nos repite tanto esta temporada que vamos hacia el fin del Estado del bienestar? Porque se nos prepara para la crisis terminal del Estado social. Es una confusión conceptual interesada. Porque el dichoso Estado de bienestar se ha hecho económicamente insostenible, pero el Estado social no, en modo alguno. Su mantenimiento hasta sería compatible con una política fiscal más laxa, con la bajada de ciertos impuestos que, esos sí, se relacionan directamente con el consumo y son profundamente antisociales, como los impuestos indirectos, básicamente el IVA. Bastaría sólo con dos medidas relacionadas: hacer más equitativos los impuestos indirectos y reorientar selectivamente el gasto público. Ayudas y subvenciones estatales nada más que para la atención de los derechos sociales y para la igualdad de oportunidades; todo lo demás, al mercado y la libre competencia. Ni un euro menos (pronto, si los hados no lo remedian, serán otra vez pesetas, ay) para la educación pública de suma calidad, pero el que prefiera colegios privados, que los pague, y el que desee un museo de arte moderno en su parroquia, con diseño de Calatrava, que lo monte por su cuenta y lo haga rentable.

Hace falta adelgazar el Estado y aminorar el gasto público y el endeudamiento, naturalmente que sí, eso parece de cajón. Lo determinante, lo que se debe debatir sin engaño ni trampa, es por dónde se recorta. Se tiene que recortar, sí, pero lo socialmente prescindible, que es mucho. Lo imprescindible para la justicia social mínima y para tomar en serio la Constitución y sus derechos, no, en modo alguno. Y, luego, es preciso reformar de raíz la gestión pública, a fin de que se parezca a la buena gestión privada. Un ejemplo: el funcionariado profesional y estable es una pieza irrenuncable del Estado; el funcionario zángano y que accede a golpe de enchufe, caricia clandestina o variada militancia, no. ¿Sobran funcionarios? Probablemente sí. ¿Sobran servicios públicos serios? No. ¿Solución? Mantener los mismos servicios con menos gente que trabaje más y mejor. Y, como salvaguarda última de la eficiencia y la justicia del sistema público, responsabilidad estricta de los gestores, responsabilidad política, y, sobre todo, responsabilidad jurídica. Que ninguno se vaya de rositas después de haber arruinado una institución y, para colmo, haber falseado hasta las cuentas.

En fin, nos la van a dar con queso, nos pongamos como nos pongamos. Pero, al menos, que no nos engañen más. Ni todos los gatos son pardos ni todo el monte es orégano. Bastaría dar a cada uno lo suyo. Y a más de cuatro, ahora, habría que atizarles unos buenos zurriagazos. Por mentirosos y cabrones. Y porque todavía se lo van a llevar crudo mientras a los de a pie les vienen las rebajas y las depresiones.

Otra sobre sindicatos

Cada vez que por aquí o en Faneca ponemos pegas a ciertas maniobras rastrerillas de los sindicatos de la enseñanza, incluida la universitaria, nos acusan de retrógrados y de desconocer la función constitucional de las organizaciones sindicales. Mentira cochina. Se trata de defenderla, precisamente. Porque no consta que la Constitución los quiera como pequeñas mafias o reducto desde el que contrariar el principio de mérito y capacidad, principio bien constitucional, por cierto.

Aquí les dejo, como muestra, un artículo que dice verdades tan contundentes como, por lo demás, sabidas. Lo que no se sabe es el arreglo. Se titula "Los sindicatos de la enseñanza como problema" y lo firma, en La Nueva España, Luis Arias Argüelles Meres. Véanlo e indígnense un poco más.