Quod erat demostrandum. ¿Ven como tanta historia se queda nada más que en ruido y unos pocos símbolos? ¿Ven como al ciudadano y hasta a la comunidad internacional se les hace creer lo que no es? ¿Ven como conviene distinguir y diferenciar temas para que no nos den gato por liebre y no nos manipulen y nos engatusen? Pues distingamos.
¿
Qué está en juego en todo este debate sobre Garzón y sus peripecias procesales?
En
primer lugar, se está dirimiendo
si Garzón pudo cometer o no algún delito en alguna de las tres causas que tiene abiertas. Si a uno le cae simpático Garzón, deseará que salga con bien; si le cae mal, lo contrario. Elemental del todo. Yo de semejantes alternativas para jubilatas apasionados paso. Sólo le deseo lo que a todo ciudadano: máximo respeto a sus garantías penales y procesales.
En
segundo lugar, hay un buen e intenso
debate técnico-jurídico, penal, sobre el tipo delictivo de prevaricación y sobre si en el asunto de las actuaciones de Garzón “contra el franquismo”, Garzón pudo o no cometer tal delito. Jacobo Dopico, nuestro brillante contertulio, se viene mostrando en este tema muy contundente: podemos juzgar aquellas medidas de Garzón como hábiles o torpes, afortunadas o estúpidas, pero no prevaricadoras. A mí las razones que expone Jacobo Dopico sobre ese tema me convencen bastante, ya lo he dicho. Y me convencen no tanto por lo que supongan de suerte buena para Garzón, sino por la incidencia de una u otra interpretación en el modelo de Administración de Justicia que tenemos. Nos conviene tener bien a salvo la independencia judicial, aunque de vez en cuando nos suponga tener que apechugar con las payasadas de algún juez. Pero payasada no es sinónimo de prevaricación. Por las dudas y para no volver a liarla: llamo payasadas a medidas como la de solicitar por conducto oficial una certificación de defunción de Franco. Eso es lo que vulgarmente se llama “dar el cante” y buscar la foto.
¿Quieren además conocer
mi opinión sobre Garzón como juez? Es la opinión de un ciudadano más, no tiene otro valor. Pero como tal la expongo: ni es técnicamente un buen juez ni su ética judicial se corresponde con mi ideal de la judicatura. Que técnicamente no es muy bueno queda demostrado por sus meteduras de pata en la instrucción de algunos procesos. Creo que fue el llamado caso Nécora el más significativo. Cabe –no lo propugno, sólo recojo la posibilidad- que alguna parte importante del caso Gürtel se vaya al traste, con consecuencias de lamentable impunidad para más de un chorizo pijo-pepero, por nuevas meteduras de pata de Garzón, como lo de las escuchas de las conversaciones con los abogados. No juzgo sobre el fondo, pues no sé bastante para hacerlo, sino que nada más aludo al riesgo cierto que en verdad existe, en función de cómo quieran los tribunales calificar tales escuchas y su relevancia para el proceso.
Que la ética profesional de Garzón no es la de mi juez ideal también se entiende fácil, compártase o no ese veredicto. Sólo hay que acordarse de cómo administró los tiempos en aquellos casos de los GAL y en qué momento –no antes; ¿por qué no antes?- destapó la información que poseía y que era muy comprometedora para el gobierno de entonces. Tampoco me hace ninguna gracia el que de su juzgado se filtren a menudo los sumarios secretos, y lo digo al margen de que tales filtraciones perjudiquen a un partido u otro. Que se le escape tan fácil la información supone que o es un inútil o es un poco indecente y manipulador. No se me ocurre una tercera posibilidad, francamente.
Ahora bien, decir que técnicamente no sea de los mejores y que éticamente no merezca las mayores alabanzas no equivale a afirmar que prevarique. El tipo de prevaricación tiene esenciales exigencias adicionales y requiere otro tipo de valoraciones, más contundentes y, al tiempo, más precisas, de las normas y de los hechos.
En
tercer lugar, existe un buen y justificado debate social sobre algunas cuestiones que en entradas anteriores he calificado como
simbólicas y que ahora voy a matizar. Si mi padre hubiera sido condenado a muerte por un tribunal franquista en 1940, yo estaría interesado en que se anulara aquella sentencia y en que se rehiciera el buen nombre de mi antepasado, para que no quedara para la posteridad como delincuente nada más que por haberse opuesto a la tiranía, si ese era el caso. Si mi padre estuviera enterrado en una fosa común y yo la tuviera localizada, querría que me permitiesen desenterrarlo, reconocer sus restos y honrarlos con una sepultura digna. Para mí el significado de esas circunstancias no sería simbólico, sino bien real, vital, fuertemente emotivo y personalmente muy relevante. ¿Que Garzón, con algunas de las medidas que se le discuten, quiso facilitar esos efectos? De acuerdo, lo concedo sin dificultad, imagino que así sería. Pero lo primero que no entiendo es por qué no la tomamos con el legislador.
Pensemos en la llamada Ley de Memoria Histórica. ¿Por qué no se mojó más el legislador sobre las mencionadas cuestiones? La derechona ya sabemos en qué estaba: no quería saber nada de memorias, símbolos ni emotividades. Es una opción que también respeto. Pero, ya que el partido mayoritario y los que lo apoyaban se lanzaron a recuperar memorias y corregir entuertos emotivo-simbólicos, ¿por qué no los criticamos como es debido –hay quien lo hace, lo sé- en lugar de andar buscando garzones que completen la obra? Y, puestos a forzar la máquina jurídica para fines como los de la justicia histórica y la reparación simbólica, ¿por qué, en lugar de ver si es nulo algún extremo de la Ley de Amnistía del 77, no cuestionamos la validez de más de un precepto de la Ley de Memoria Histórica, concretamente los que no permitan al cien por cien la anulación de sentencias inicuas o la apertura de tumbas infames? De ese modo tendría más que ver, más clara relación, el medio con el fin. Pues no consigo captar–sin duda, por culpa nuevamente de mi ignorancia en la materia- qué relación hay entre que hayan prescrito o no, o puedan ser amnistiados o no, los delitos de lesa humanidad -asunto penal- y el que se pueda abrir fosas –asunto administrativo- o anular sentencias.
Hipótesis que manejo, hipótesis tal vez arriesgada, pero que ahí va: si la Ley de Memoria Histórica la hubiera hecho la derecha –hipótesis de escuela, lo sé- se atacaría dicha ley por insuficiente y por no amparar lo bastante ciertos derechos básicos de los deudos de las víctimas del franquismo. Pero como es del PSOE, a silbar tangos y a decir que la culpa de todas las dificultades judiciales y administrativas la tiene la Ley de Amnistía. Maniobra de despiste y manipulación como la copa de un pino.
En
cuarto lugar, y
principal: más allá de esa dimensión simbólico-emotiva, muy respetable en lo que afecta directamente a los descendientes de las víctimas, NADA DEL FRANQUISMO ESTÁ EN JUEGO EN TODO ESTE TINGLADO. Sobre todo: a ningún personaje, responsable o alto cargo del franquismo se va a juzgar penalmente ni civilmente, a efectos de posibles indemnizaciones. O sea: no se está dirimiendo, en modo alguno, lo que mucha gente, aquí y en el extranjero, piensa que se está dirimiendo. ¿Entonces? Pues entonces es que estamos ante otra gigantesca
manipulación, ante un
engaño doloso, ante una deliberada y sucia
tergiversación de los hechos y de los derechos.
Pongamos las cosas claras de una vez y, de nuevo, si yerro que me corrija quien sepa más. Los únicos delitos que podrían ser juzgables por encima de prescripciones y de amnistías son delitos como los de genocidio y crímenes de lesa humanidad. Por el mero hecho de haber sido fiscal bajo el franquismo (como Jiménez Villarejo) o juez bajo el franquismo (como más de uno de los que todavía andarán por el Supremo, supongo), o ministro con Franco (como Fraga, Fernando Suárez o unos cuantos más de los ex ministros franquistas que aún viven y cuya relación figura en la
información que amablemente nos envía Carmen) no se incurre en tales delitos. Merecerán esos tipos el calificativo moral que se quiera, pero eso no es genocidio ni crimen de lesa humanidad. ¿Y el haber estado en gobiernos que firmaron sentencias de muerte, como aquella última de los del FRAP? Tampoco. ¿O acaso vamos a encausar así a todos los gobernadores norteamericanos que suscriben penas de muerte? Sería gracioso.
Entiéndase, no digo esto para defender a Fraga o a Perico de los Palotes, sino porque pensar, con el Derecho actual en mano, sea el interno o el Penal Internacional, que podemos encausar penalmente, aquí y ahora, a cualquiera de esos antiguos altos cargos de cuando Franco es un solemne desvarío. Es confundir el culo con las témporas, la velocidad con el tocino, la realidad (jurídica) con el deseo (de algunos, o de muchos).
Un ejemplo de ahora mismo. Acaba de morir Juan Antonio Samaranch. Ah, grandes condolencias, padre del olimpismo, benefactor de los Juegos de Barcelona, bla, bla bla. En realidad, un franquista de tomo y lomo, un servidor del régimen hasta que Franco estiró la pata. ¡No me digas! Pues sí te lo digo. Es lo que hay. ¿Pretendía Garzón o pretenden los “garzonistas” (me tomo esta libertad expresiva) sentar en el banquillo de los acusados a Samaranch y similares? Es obvio que no. ¿Entonces
a qué diablos estamos jugando y de qué hablamos cuando decimos que se trata de juzgar el franquismo y sus crímenes? Puro cuento,
engañabobos, estrategias para reunir a las ovejas y llevarlas a votar a supuestos llaneros solitarios que
luchan a brazo partido contra… Franco. Manda cojones.
A estas alturas y con esos alcances. Ni quijotes ni molinos de viento: payasotes fingiendo que las margaritas de los prados son monstruos sanguinarios. A otro perro con ese hueso.
¿Qué un grupo de víctimas de Franco que viven en Argentina quiere sentar como acusados a los ministros vivos del dictador, por genocidio y delitos de lesa humanidad? Humanamente puede entenderse, políticamente puede explicarse, pero jurídicamente es una gilipollez. Y viniendo de Argentina, más. Que no me malinterpreten los amigos argentinos, pero ¿acaso puede penarse como autor, en cualquier grado, de genocidio o delitos de lesa humanidad a los meros ministros de los gobiernos de Videla y compañía? Si es que sí, que se empiece ya, que me voy a alegrar. Pero mucho me temo que va a ser que no. Y el razonamiento, si quieren, podemos hacerlo a fortiori, sobre la base de la siguiente pregunta: ¿fue Fraga, pongamos por caso, “cómplice”, en cuanto ministro de Franco, de los mismos crímenes y de iguales tropelías que los ministros de Videla y compañía? Pues no. Malos todos, si ustedes quieren, pero cada uno en su orden. ¿Y cuál estuvo más cerca del genocidio?
En resumen, y para acabar de una vez: que
quienes hacen de la defensa de Garzón un hito en la lucha contra la impunidad de los crímenes de Franco nos engañan. Así de claro. Puede haber otras razones muy legítimas para estar de parte de Garzón, pero esa, concreamente esa, es un perfecto embuste, un señuelo para votantes despistados.
Ni la derechona del PP va a resucitar a Franco ni la izquierda zapateril lo va a enterrar más hondo. Falso. Andan unos y otros mareando la perdiz a base de triquiñuelas y para disimular lo que en verdad son:
una pandilla de inútiles y mangantes. Que el lector reparta esos dos calificativos del modo y con la proporción que prefiera. Pero es lo que hay. A ver si nos enteramos de una vez.