Bilateralidad y reforma estatutaria. Por Francisco Sosa Wagner

Lo ha dicho la comisaria para la Competencia y lo ha repetido el comisario español Joaquín Almunia. Ninguno de los dos me parece que tengan relación alguna con la negra reacción conservadora ni que pertenezcan a la caverna política. Sin embargo, ambos tienen claro que, si la OPA de los alemanes sobre una empresa española se negocia bilateralmente entre los gobiernos español y alemán, burlando las atribuciones de las instituciones comunitarias, se desatará el “caos” en la UE.

Así de sencillo. El asunto tiene la mayor importancia para nosotros, no solo porque se estén ventilando intereses españoles, sino por razones más domésticas. Porque, cuando se está construyendo Europa como instancia política que algún día representará la voz de una gran parte del continente, cuando se está en ese empeño de primera magnitud, sin duda la empresa de mayor aliento que vivimos los contemporáneos, cuando se están poniendo los ladrillos para que ese edificio acabe saliendo airoso, es evidente que, si prosperan las relaciones bilaterales entre los miembros de esa gran alianza, esta dejará de ser Unión para degradarse a la condición de vaga coordinadora de los intereses nacionales.

Pues eso es justamente lo que está ocurriendo con la reforma de los Estatutos de las Comunidades autónomas. Si siguen adelante, en los términos catalanes y andaluces y en parte baleares y valencianos, el Estado español será, en el futuro, un coordinador de las regiones pero habrá perdido su capacidad de dirección efectiva de los asuntos públicos. Que esto lo admita el Gobierno de un Estado antiguo, que ese Gobierno vaya dejando jirones y jirones de sus responsabilidades públicas con la sonrisa en los labios, es un enigma que se entiende mal, sobre todo cuando ese Gobierno se funda en una ideología respetable y eficaz como es la socialista que debería estar muy interesada en conservar entre sus manos las decisiones políticas que conforman la realidad de un país. Quien cree en un proyecto político -en este caso, el socialista-, quien tiene convicciones reflexivas, más allá de las coyunturas de pactos transitorios, no puede contemplar su pérdida de poder más que con una desazón íntima enorme. Lo aceptará a regañadientes si no tiene otro remedio, pero lo hará con mal ceño y demostrando a cada paso su enfado.

La bilateralidad que se está admitiendo en los Estatutos es la amenaza que conduce a la fragmentación del Estado. Aparece en el texto catalán que se permite anunciar que cualquier decisión, adoptada en organismos de colaboración voluntaria, no vinculará a la Generalitat cuando el acuerdo haya sido adoptado sin su aprobación (art. 176. 3). El mismo Estatuto prevé la participación catalana en la designación de miembros y representantes en instituciones como el Tribunal Constitucional, Consejo del Poder judicial, Banco de España, Comisión nacional del Mercado de valores etc, y, además, se constituyen (Cataluña, Andalucía) “Comisiones bilaterales” con el Estado (de forma más comedida, en Aragón). ¿Qué razón existe para que no consignen parecido despropósito todas las demás Comunidades autónomas? La nueva ley de Agencias (julio, 2006) prevé, por su parte, la participación regional en tales organizaciones “estatales” pues se trata de un “modelo abierto que posibilita dar entrada a las Comunidades Autónomas”. Incluso la voluntad del Estado ante Europa quedará mediatizada por la de las Comunidades autónomas, justo cuando en Alemania Federal se reducen en este punto los poderes de los Länder.

Bilateralidad, fragmentación, debilidad ... Lo contrario de realidades federales como la alemana o la americana que subrayan la autoridad del todo sobre las partes.