La Seguridad Social condenada a indemnizar a la esposa de un hombre al que un cirujano salvó la vida

                Lo cuentan algunos periódicos y se recoge la noticia también en un par de diarios jurídicos de hoy mismo. Resulta que un hombre sufrió un accidente de moto a las diez de la noche de un día lluvioso y llegó al hospital público con heridas gravísimas, prácticamente muerto. Pero tuvo la gran fortuna de que de guardia estuviera, al parecer, un cirujano de primera que, tras horas de quirófano, logró salvarle la vida. Después de tres días en coma, de una semana más en la UVI y de una convalecencia de meses, quedó como nuevo el señor y pudo retomar su actividad ordinaria.

                Hasta ahí todo normal, con la dosis correspondiente de buena suerte. Pero hete aquí que el hombre estaba casado y que, por lo visto, era un auténtico abusador de su mujer, de nombre María del Sagrario. Aunque no constaban denuncias por malos tratos, en el juicio al que ahora me voy a referir fueron varios los testigos que dieron testimonio de los constantes abusos y vejaciones a las que a lo largo de veinte años de matrimonio había sometido a su mujer, y hasta los dos hijos de la pareja, de dieciocho y quince años, declararon en tal sentido.

                Lo sorprendente del caso es que una muy reciente sentencia del Tribunal Supremo ha condenado al INSS a indemnizarla a ella con sesenta mil euros, como compensación por el daño que la sanidad pública le ha provocado, daño moral ante todo, al salvarle la vida al marido gracias a esa esmerada cirugía y al buen hacer de aquel médico. Explica la polémica sentencia que para la mujer habría sido mucho más beneficioso el fallecimiento del hombre y que, además, la Administración Pública le hizo nacer una fundada expectativa en tal sentido, puesto que en la primera llamada que recibió tras el accidente, la guardia civil le dijo literalmente que su marido había llegado al hospital “prácticamente muerto”. Además, las cinco horas siguientes, que ella pasó en el hospital y sin apenas nuevas noticias, sirvieron para que crecieran sus esperanzas de haberse librado de su feroz cónyuge y de poder rehacer su vida con la calidad a que es acreedora una mujer de nuestro tiempo.

                En los fundamentos de la sentencia sigue la sala los pasos habituales en la motivación de este tipo de fallos. Primeramente recuerda que, a tenor del art. 139 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, “Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos", y se extiende en complejas disquisiciones sobre si en la presenta ocasión cabe tildar como normal o anormal el funcionamiento del servicio de urgencias. Después de recordar diversos debates doctrinales y de pasar revista a la fluctuante jurisprudencia, se concluye que el presente es un caso de “funcionamiento normal-anormal” o “normal por exceso”, lo cual, en opinión de los magistrados, equivale a decir “normal con desproporción”. “Aun cuando al médico que actuó con suprema diligencia y competencia extrema ningún reproche cabe hacerle, ni en términos morales ni jurídicos, el actuar de la Administración en la prestación de los servicios públicos no puede valorarse prescindiendo de los efectos sobre los administrados. Si bien en este caso está fuera de duda el beneficio para el Roque –así se llamaba el accidentado- y su insoslayable derecho a la vida, una adecuada ponderación de los derechos e intereses que concurren en María del Sagrario debe llevarnos a apreciar que la Administración no puede dejar de compensar el daño y el dolor que la mujer padeció por el hecho de que su pareja siguiera con vida, cuando todo hacía presagiar el fatal desenlace y alimentaba la comprensible confianza de ella en una existencia mejor en su futuro”.

                La relación de causalidad entre el obrar administrativo y el daño así definido tampoco plantea grandes dudas al Tribunal, una vez que hay constancia plena de que Roque no habría sobrevivido a sus gravísimas lesiones no sólo si no hubiera recibido asistencia sanitaria en tiempo y forma, sino tampoco si no hubiera tenido la suerte de que lo operara un doctor cuya experiencia, formación y disposición están por encima del promedio exigible en la sanidad común. O sea, que si bien la extraordinaria calidad del servicio en este caso prestado merece todo tipo de loas, no se debe dejar de atender que de esa forma un tanto insólita se alteró la suerte de María del Sagrario y se contribuyó a la condena que para ella supone el mantenimiento de su relación matrimonial con Roque.

                En cuanto a la antijuridicidad, se acoge el Tribunal a la clásica doctrina española según la cual es antijurídico todo daño que el administrado no está legalmente obligado a soportar, y como antijurídico ha de verse, pues, el perjuicio de la esposa, puesto que ni existe ni puede existir en nuestro ordenamiento norma válida que fuerce a la mujer vejada a desear que su cónyuge siga con vida o que le prohíba desear su muerte, y más cuando dicha muerte se presente como resultado del azar o de cualquier concatenación de circunstancias no imputables a ella.

                Finalmente, dedica un par de párrafos la sentencia a anclar su novedosa doctrina en la noción de pérdida de oportunidad, con cita de la obra canónica al respecto, “Teoría de la pérdida de oportunidad”, de Luis Medina Alcoz (muy querido amigo mío, por cierto). En este sentido jurídico, hay pérdida de oportunidad cuando una persona tiene la ocasión probable de gozar de alguna ventaja, pero se interpone la acción de un tercero que frustra esa probabilidad. En esta caso es claro, según el parecer que la sentencia expresa, que tal oportunidad existió para María del Sagrario, y más cuando era beneficiaria de un seguro de vida de su marido, y que fue la acción de la Administración la que dio al traste con esa mejora vital que ya parecía inminente y que se habría consolidado si las cosas hubieran seguido su curso ordinario.

                Hasta ahí los términos de la sentencia. En declaraciones a La Razón, María del Sagrario ha dicho que se alegra del fallo y que ese dinero vendrá muy bien a la familia en estos tiempos, pues Roque llevaba ocho meses en paro y sin perspectivas de nuevo empleo. Parece ser que no tienen intención de divorciarse, de lo cual se congratula el periodista del rotativo conservador, que lo considera una nueva muestra de la buena salud de la familia tradicional y cristiana española. 

PREGUNTA PARA EL LECTOR: ¿Cree usted que la sentencia que acabo de resumir es real o de pega? ¿Es creíble o me la he inventado yo? La solución, mañana. Pero tenga en cuenta que cuanto más dude o más tiempo le tome decidir su respuesta a esta pregunta, más claro quedará que la Justicia anda regular.