Comenzaré con algunas aclaraciones. En estos tiempos, decir algo que se salga de la verdad progre-oficial-discursoúnico-modelo-soy-guay exige ocho mil disculpas y cuatro pliegos de descargo. Me someto humildemente a tan onerosas condiciones, impuestas por una sociedad crecientemente pluralista y avanzada. Allá van mis modestos atenuantes y luego pasamos a la carga.
- Procuro leer todos los días, o al menos ojear con algún detenimiento, varios periódicos bien distintos. Así que diariamente me entretengo buen rato con El País y ABC, a lo que, siempre que puedo, añado buenos vistazos a El Mundo y, para oxigenar, una miaja de prensa extranjera. Con todo y con eso, o por eso, vivo sumido en la incertidumbre, el desconcierto y el creciente convencimiento de que casi nada tiene arreglo fácil en este país de fariseos y nuevos ricos.
- Sé que cada periódico tiene una marcada línea ideológica y, peor aún, partidista. He dicho cada periódico.
- Sé también que detrás de cada uno de ellos hay un grupo empresarial movido por afán de lucro y que tiene como fin supremo hacer su agosto a base de que un día ganen los suyos, para lo cual se impone comerle el coco duramente al sufrido votante adicto al rebaño y la consigna elemental.
- Durante muchos años miré con perplejidad a los lectores de ABC y contemplé divertido su aspecto y maneras de cavernícolas.
- De un tiempo para acá me divierte aún más observar a todos esos progres guapos que recitan los editoriales de El País con el mismo espíritu entregado con que los fieles de ciertas iglesias protestantes cantan a voz en grito los versículos del Antiguo Testamento. Hace poco, un compañero muy apreciado y con gran oído musical me hacía reparar en el modo especial en que los progres guapos entonan la expresión "viene hoy el El País que...". En artesanal transcripción sonaría algo así como "viene hoy en El Paíííííís que...". Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
- Tengo para mí que el profundo sentido social de esos lectores y sus afanes de justicia social les llevan a olvidar que detrás de dicho prestigioso diario hay una empresa del copón que bebe a cociencia en el beneficio capitalista y ejerce su apego a todo poder que rinda beneficio económico. Como todos, sí; pero no se olvide, pues, que como todos. ¿Cómo dice usted? ¿Que lo que quiere PRISA es una sociedad socialista en la que el capitalismo más o menos salvaje deje paso a un equitativo reparto de la riqueza y a poner coto al beneficio empresarial desbocado? ¿Que su modelo de mercado no es el mismo que el de los dueños de ABC? Pero, hermano, usted en qué mundo vive. Apuestan a distinto caballo, es cierto, pero la carrera es la misma y el hipódromo idéntico.
- No me quita el sueño el asunto de los papeles de Salamanca y me da bastante igual donde estén unos u otros documentos, aunque puedo entender que la Generalitat quiera los suyos o que otros crean sinceramente en la unidad del archivo o en lo bueno que es para Salamanca tenerlos allí. Ahora bien, descreo mucho de todo acto de justicia que se derive de un pacto de conveniencia, es decir, que sea parte del pago de un precio. Pase como precio, y lo comprendo, pero que no me lo pinten como cumplimiento poco menos que de un precepto de derecho natural. Como dicen en mi pueblo, tan burdos, tan zafios, tan poco finos, tan al margen de la political correctness -una cosa tan gringa, mira por donde- bien está joder, pero no arrancar los pelos.
Dicho todo esto, que será poco aún para evitarme las iras de los tiralevitas del Big Brother, vamos con El País de hoy. Qué editorial, oiga. Véalo, véalo (y más abajo se lo copio por si mañana no está visible a través del link). Trata de los papeles de Salamanca y la Audiencia Nacional.
Debo de estar muy pasado de rosca, lo admito, pues mientras lo iba leyendo no podía dejar de pensar en Arnaldo Otegui y su troupe. ¿Se acuerdan de que cada vez que hay una sentencia o actuación judicial que no les beneficia dicen que los jueces están comprados, que son una panda de fachas, que los manipula el PP, que son unos retrógrados que se oponen al progreso y a la paz? Eso sí, cuando el fallo les va bien no dicen que qué majos los tribunales y que qué maravilla de justicia garantista. Como el otro día con lo del juicio de Otegui.
Pues aquí tienen el editorial de El País dando caña, con la misma amplitud de miras, a la Audiencia Nacional por haber osado decretar unas medidas cautelares provisionales que, todo lo más, retrasarán unos días la llegada a Barcelona de las cajas de la discordia. Sin compasión. Y todo por contrariar al Gobierno y a su culta Ministra de la cosa culta. Justo ahora, vaya por dios, que ZP acaba de tarifar con Carod y le iba a dejar los papeles con el mismo gesto con que uno le hace el último regalito a la novia a la que le acaba de poner los cuernos para siempre. Mecachis.
Pues aquí tienen el editorial de El País dando caña, con la misma amplitud de miras, a la Audiencia Nacional por haber osado decretar unas medidas cautelares provisionales que, todo lo más, retrasarán unos días la llegada a Barcelona de las cajas de la discordia. Sin compasión. Y todo por contrariar al Gobierno y a su culta Ministra de la cosa culta. Justo ahora, vaya por dios, que ZP acaba de tarifar con Carod y le iba a dejar los papeles con el mismo gesto con que uno le hace el último regalito a la novia a la que le acaba de poner los cuernos para siempre. Mecachis.
Además del enorme respeto que muestra el periódico-biblia a los jueces y a su independencia, contiene el editorial de marras algunos párrafos que no tienen desperdicio. Nos toman por tontos, no hay tu tía. Por ejemplo, cuando dice que "El motivo aducido, que en las cajas hay documentos que no corresponde trasladar, es un mero pretexto para obstruir el cumplimiento de la ley". O sea, que si realmente hubiera documentos que no se deben trasladar en aplicación de la ley en cuestión, hay que trasladarlos igual por imperativo de tal ley y porque sí y porque lo dijo la Calvo, ozú. Cualquiera les pone a éstos un interdicto de retener, te disparan con un editorial y te dejan seco. Eso sí, como añade el prestigioso diario independiente, "al tratarse de instituciones del Estado, todo lo que se hace está sometido a estricto control de legalidad y a su ejecución pertinente". La cuadratura del círculo jurídico. Un estricto control de legalidad que excluye su operatividad por los tribunales contenciosos. Genial. Se ve que la legalidad que conviene al Gobierno la controla directamente el Espíritu Santo, pischa, ozú, olé, oremos y no recurramos.
Pero hay otro chiste mejor, realmente antológico, aunque no nuevo. Resulta que "No hay irreversibilidad alguna que obligue a una intervención intempestiva de un tribunal". Claro que no. Todos sabemos que si los papeles llegan a Catalunya y luego un tribunal dice que tienen que regresar, aquellos amables nacionalistas los devuelven ipso facto acompañados de unas botellitas de cava y el deseo de feliz año. Es fácil y divertido imaginar la escena, cientos de jóvenes gudaris de ERC encadenados y altisonantes declaraciones de Mas y más (¿esto no es un supemercado?) que harían quedar por pacatos a los salmantinos y como tímido irresoluto al tal Lanzarote, que según El País es poco menos que un peligroso golpista, casi el terrorista Carlos.
El caballo de Espartero es un pony al lado de estos adalides de la prensa libre.
Ahí copio la cosa:
Desafío judicial.
El pasado viernes la Audiencia Nacional demostró que cuando se trata de paralizar al Gobierno puede incluso trabajar de noche. Los más antiguos del lugar recuerdan vagamente sólo un antecedente en un caso en que estaban en juego derechos fundamentales. La sección séptima de la Sala de lo Contencioso Administrativo se reunió de urgencia para adoptar, a petición del Ayuntamiento de Salamanca, unas medidas "cautelarísimas" para paralizar en la sede del Ministerio de Cultura los papeles del Archivo de la Guerra Civil que iban a ser entregados a la Generalitat de Cataluña en cumplimiento de una ley aprobada por las Cortes Generales. La Sala de la Audiencia celebrará hoy una vistilla con abogados del Estado y del consistorio salmantino para decidir si mantiene o anula la paralización decretada el viernes.
No hay lugar a dudas de que los magistrados aceptaron con gusto el envite lanzado por el alcalde de Salamanca, Julián Lanzarote, de politizar el caso hasta contaminar a la propia justicia y producir un golpe de efecto en mitad del traslado y en plena negociación del Estatuto catalán. La ejecución del traslado no tiene nada de precipitado ni de clandestino. Sólo la obstaculización sistemática del señor Lanzarote obligó a realizarla de madrugada y sin contar con camiones para la carga. Es una medida no tan sólo legítima por parte del Ministerio de Cultura sino obligada, después de que la devolución de los documentos incautados tras la Guerra Civil fuera aprobada como ley por el Congreso de los Diputados. El motivo aducido, que en las cajas hay documentos que no corresponde trasladar, es un mero pretexto para obstruir el cumplimiento de la ley.
Las medidas tomadas el viernes por la Audiencia Nacional constituyen un desafío al Ejecutivo. La Sala deberá explicar en primera instancia cuál es el título que habilita al Ayuntamiento de Salamanca para recurrir, pidiendo la adopción de "medidas cautelarísimas", un acto del Ministerio de Cultura sobre un archivo que es de su propiedad y sobre cuyos fondos carece el Ayuntamiento de cualquier titularidad. Constituye, por lo demás, un acto de desconfianza supina entre las administraciones, dado que el traslado ni siquiera implica a particulares, sino a instituciones del Estado.
No hay irreversibilidad alguna que obligue a una intervención intempestiva de un tribunal; al contrario, al tratarse de instituciones del Estado, todo lo que se hace está sometido a estricto control de legalidad y a su ejecución pertinente. Existe ya un recurso, planteado por la Junta de Castilla y León ante el Tribunal Constitucional, sobre cuya decisión y cumplimiento parece tener muy escasa confianza tanto el Ayuntamiento de Salamanca como la sección de la Audiencia Nacional que ha aceptado el recurso. De ahí que lo único pertinente sea el levantamiento inmediato de las medidas cautelares, a la espera, por supuesto, de lo que decida en su día de forma definitiva el Tribunal Constitucional.
No hay lugar a dudas de que los magistrados aceptaron con gusto el envite lanzado por el alcalde de Salamanca, Julián Lanzarote, de politizar el caso hasta contaminar a la propia justicia y producir un golpe de efecto en mitad del traslado y en plena negociación del Estatuto catalán. La ejecución del traslado no tiene nada de precipitado ni de clandestino. Sólo la obstaculización sistemática del señor Lanzarote obligó a realizarla de madrugada y sin contar con camiones para la carga. Es una medida no tan sólo legítima por parte del Ministerio de Cultura sino obligada, después de que la devolución de los documentos incautados tras la Guerra Civil fuera aprobada como ley por el Congreso de los Diputados. El motivo aducido, que en las cajas hay documentos que no corresponde trasladar, es un mero pretexto para obstruir el cumplimiento de la ley.
Las medidas tomadas el viernes por la Audiencia Nacional constituyen un desafío al Ejecutivo. La Sala deberá explicar en primera instancia cuál es el título que habilita al Ayuntamiento de Salamanca para recurrir, pidiendo la adopción de "medidas cautelarísimas", un acto del Ministerio de Cultura sobre un archivo que es de su propiedad y sobre cuyos fondos carece el Ayuntamiento de cualquier titularidad. Constituye, por lo demás, un acto de desconfianza supina entre las administraciones, dado que el traslado ni siquiera implica a particulares, sino a instituciones del Estado.
No hay irreversibilidad alguna que obligue a una intervención intempestiva de un tribunal; al contrario, al tratarse de instituciones del Estado, todo lo que se hace está sometido a estricto control de legalidad y a su ejecución pertinente. Existe ya un recurso, planteado por la Junta de Castilla y León ante el Tribunal Constitucional, sobre cuya decisión y cumplimiento parece tener muy escasa confianza tanto el Ayuntamiento de Salamanca como la sección de la Audiencia Nacional que ha aceptado el recurso. De ahí que lo único pertinente sea el levantamiento inmediato de las medidas cautelares, a la espera, por supuesto, de lo que decida en su día de forma definitiva el Tribunal Constitucional.
8 comentarios:
Y saliendome del tema, me pregunto.
¿y donde está el recurso de los parlamentarios del PP?
O sea que tiene que ser un alcalde en solitario argumentando que la desclasificación de los papeles es incorrecta, que yo sepa el archivo es nacional donde está el recurso presentado por el pp como grupo parlamentario? ¿que actuaciones han llevado a cabo los parlamentarios del pp?
Ojalá los alcaldes se mojen más por sus ayuntamientos, que mayoria no sabe ni lo que es la autonomía local; Creeré en la política un poquito cuando los alcaldes se crean un poco más de lo que son y comiencen a ver el municipio por encima de sus propios límites territoriales hay intereses que sobrepasan los limites pero no que no estan cubiertos ni provincialmente ni autonomicamente, ni nivel estatal.
Y aun cubiertos en esos tres niveles son precisamente sensibles en deteminados casos con algun muncipio en cuestión.
Más caña tenía que dar los ayuntamientos pasando de partidos y de todo.
De todas formas lo del alcade de salamanca me parece un tanto infantil, infantil porque no veo por niguna parte alos apralamentarios del PP
Como bien decías en otro sitio, estimado Iurisprudent, para comprenderlo habría que contar qué pasó -y qué no pasó, ay- en la postdictadura y en la transición.
Este guiñol de Salamanca, a mi modo de ver, es un sarpullido derivado, a partes desiguales, de a) la necesidad contingente que tenía el PP de tocar a rebato esta primavera pasada para intentar salvar a Don Manuel -qué buen consejero de estado hubiera sido, y qué tristeza de presidente autonómico ha sido- de la amenaza del retiro, y b) de una absoluta falta de claridad colectiva sobre qué significó la guerra, y cómo debemos pasar página sobre ella. Que conste que no es frase mía, pero la abrazo: malo es pasar la página sin haberla leído bien antes.
De esas extrañas madres llega el curioso espectáculo de un partido que, diciéndose conservador (¿?), defiende sin recato la supremacía del pillaje consumado con la fuerza de las armas sobre el derecho a la propiedad original. Con la doctrina Lanzarote, el Museo del Prado estaría hoy en París -¿o es que la unidad del Louvre no lo vale, caramba?
1. Es que, de verdad, no recuerdo un caso de medidas cautelares EN UN CASO ENTRE DOS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. Si me citáis un precedente, me callo. Si no, me callo jodido.
Ah: el argumento de la presunción de culpabilidad del catalán no me vale.
2. Me perdí el día que explicaron que las resoluciones judiciales no se pueden criticar.
También me perdí el día que Garcíamado insinuó que El Mundo era totalitario por poner a parir a órganos jurisdiccionales o casi por sus resoluciones: al Tribunal Constitucional en veinte ocasiones (caso Guatemala, el de la mesa nacional de HB, Plan Ibarretxe, etc.; joder: LE DEDICÓ UNA HOMILÍA DOMINICAL DE ESAS DE METER MIEDO A Mª EMILIA CASAS), a la Audiencia Nacional (Argentina, Chile, Guatemala y China), etc.
¡Ah, que como le duele la izquierda, le mete caña a El País y no a El Mundo, ni a la SinRazón, ni a Libertad Digital! Quien bien te quiere, te pondrá de caballo del Espartero para abajo. Joder: deben estar los de El País más felices que Dios, porque les reconozcan de izquierdas. Haro Tecglen está revolviéndose de gusto en... en... ah , no: recosido en un hospital (joder, QUÉ MAL ROLLO).
(Qué mal rollo por lo de Haro, digo).
Resoluciones y sentencias son criticadas, y deben serlo, Iurisprudent, ya que de otra manera no habría avance jurídico en un estado de derecho. No me escandaliza mínimamente, todo lo contrario, a condición de que haya argumentación sólida y solvente de la crítica. Las criticas a simples cuestiones de procedimiento -por ejemplo, la presentación de un recurso- me parecen menos necesarias. Entre otras cosas, porque debemos partir de la presunción de buena fe de quien lo presenta. Si no fuera así, o si independientemente de la calidad de la fe, los argumentos resultan ser descabalados, el curso natural de los eventos se encargará de poner a cada uno en un sitio, y con sobria rudeza.
Por poner un ejemplo reciente, en un campo también politizado -igual de gratuitamente-, la juez del Registro Civil de Dènia que presentó la cuestión de constitucionalidad, negándose a tramitar el matrimonio de dos chicas que se le presentaron en la oficina, levantó una polvareda de críticas innecesarias. En efecto, ella sola se puso en la picota más terrible, la del descrédito profesional, puesto que forzó la argumentación de forma que no le deseo a ningún magistrado. Bien imagino el sentimiento de vergüenza ajena, opiniones e ideologías aparte, de los magistrados del Constitucional a quien les tocara rechazar la cuestión de esta pobrecilla imprudente.
A mi modo de ver, centrándonos en los hechos que nos ocupan, el recurso de Salamanca es una banalidad, un pleito pobre que en lo material -la lucha contra el retorno de los papeles a sus dueños- está perdido sin esperanza, y hacerle caso así de reactiva y chatamente -y peor aún, dedicarle un editorial- demuestra solamente las bajas aguas en las que navega El País que, miope, no ha sabido reconocer lo que está pasando.
En cuanto a Lanzarote, puede que El País lo tache de veras de peligroso criminal, como sugiere nuestro amigo anfitrión -quizás un punto llevado por sus pasiones, punto que a un hombre bueno se le puede perdonar fácilmente-; si así fuera, estaríamos en lo desproporcionado e innecesario, y a fin de cuentas publicitario. Ese alcalde simplemente es un botón de muestra de la mucha ignorancia política que hay -además de ser más corto que las mangas de un sostén, que diría un castizo. Nada más. No logra enfrentarse políticamente a Maragall, qué más quisiera. Hay que garantizar su derecho a recurrir a la justicia, aún intuyendo cuáles puedan ser sus fines -incluso para ello, los editorialistas de El País parecen no haber comprendido que la demora, una de dos, o es infundada, y beneficia políticamente a los catalanes, o es fundada, y beneficia a todos, porque para qué quieren los catalanes papeles que no sean suyos; en ese sentido, es poco comprensible que El País no haya callado, o bien escrito, si no podía evitarlo, un irónico microeditorial dando la bienvenida al recurso, y felicitando a Lanzarote- y compadecerlo, y compadecer a los ciudadanos de Salamanca, que lo tienen por ahora en la casa consistorial. Ya pasará, como pasaron mucho peores fantoches, aquéllos de verdad dañinos, que graznaran otrora desde Salamanca.
Tampoco ha sabido atrapar El País otro aspecto, para mí absolutamente maravilloso -y no es que me sobre el optimismo, observando el país-, de esta parada jurídica en Madrid. Pues habla de la enorme diferencia entre aquel triste viaje de ida de los papeles, en manos del ejército rebelde victorioso, robados a punta de bayoneta, y este feliz viaje de vuelta, casi setenta años después, amparados por nada menos que una Ley. Entonces no era posible ni pensable recurso alguno, porque la justicia, entendida institucionalmente, y no identificada con ningún político republicano, había hecho las maletas. La pobrecilla había sido una de las primeras bajas de la guerra civil. Hoy está viva, y es posible esta parada, y las que hagan falta, sin que se suscite real preocupación en el punto de destino. Los papeles, que no perdieron dignidad por el acto de pillaje que los arrebatara, sólo la pueden ganar, si cabe, por la aplicación de un normal procedimiento de justicia, que es uno de los tesoros -los pocos que quedan- de nuestro tiempo presente. Todo lo contrario. Qué maravilla, insisto, que sea posible. Es un rayo de esperanza, contemplando la historia.
Encuentro bellísimo, pues, que el propio hecho de que los panegiristas de la dictadura -de quienes es urgente que se disocie, sin dejar espacio a las dudas, nuestra derecha liberal y democrática- puedan presentar un recurso sea en sí mismo una crítica demoledora de la dictadura, y una afirmación elocuente, para quien tenga ojos para ver, de que la justicia puede vencer a la sinrazón. La sombra de Don Miguel estará sonriendo en Salamanca. Concluyo que, en lo espiritual, el pleito está todavía más perdido, si cabe.
El punto final de esta pequeña vicisitud, y de eso se están alegrando las personas de bien que lo han comprendido, es que unos sencillos papeles -¡y qué tremendo amor se le puede tener a la pobreza material de unos papeles!- están de vuelta hacia sus dueños. Esperemos que no sea aislada golondrina, y que nos dé fuerzas para ir poniendo en su lugar -por supuesto que jurídicamente, y con todas las garantías- tantas fechorías de aquellos años, y de los transcurridos. Se ha abierto una grieta, quién sabe si fatídica, en la pluridecenal muralla argumentativa de quienes afirmaban dogmáticamente la íntegra juridicidad de las imposiciones de la dictadura. A ver si soplando en esta grieta la transformamos en brecha. Irrumpiría por ella algo que nos vendría muy bien a todos, catalanes y salmantinos, andaluces y vascos ... Aunque haya, como bien sabemos, quien le tiene miedo.
Muchas gracias, UnAmigo.
Sólo me gustaría añadir:
1. Si no tiene sentido adoptar medidas "cautelarísimas" en un pleito entre dos administraciones, esto es Estado de Hecho y no Estado de Derecho: Rule of (very facha) Man.
2. Very, very, very facha. Pero es que les da todo igual, en serio. Qué cojones pasa en la Audiencia Nacional. Cuantos más de estos conozco...
Antetodomuchacalma, creo que el momento de que hagamos todos honor a su "nick".
Las medidas cautelares entre dos administraciones, en efecto, llaman la atención, puesto que es extremadamente improbable que haya, por parte de la teóricamente agraviante, contaminación de pruebas, ni que se sustraiga a la acción de la justicia.
Pero me gustaría subrayar una vez más -perdón por la morosidad- que este hecho eleva el listón de exigencias jurídicas y políticas que debe superar la parte recurrente. En otras palabras; si se demuestra, como es plausible, que tales medidas cautelares eran innecesarias, tanto la parte recurrente, como los magistrados conniventes, harán un ridículo espantoso.
Desde el punto de vista de la Generalitat, el negocio está hecho: tienen una Ley que posibilita el retorno de los documentos, tienen cobertura mediática, y tienen buenas posibilidades, juzgo yo, de anotarse un nuevo tanto político cuando la Audiencia decida sobre el recurso.
Quise ser sintético pero me quedé en equívoco. Quise decir: "Como no tiene sentido adoptar medidas "cautelarísimas" en un pleito entre dos administraciones, esto es Estado de Hecho".
O sea:
- Las medidas cautelares exigen "fumus boni iuris" (apariencia de pretensión razonable) y "periculum in mora" (peligro de que la pretensión resulte inviable si no se adopta la cautela).
- ¿PERICULUM IN MORA PORQUE SE PRESUME QUE LA ADMINISTRACIÓN CATALANA PUEDE QUE NO VAYA A CUMPLIR CON EL DERECHO? Que tengan huevos y lo digan en la motivación de la resolución.
- No hay huevos porque no es posible. La ley no permite una medida cautelar en esas.
- Ergo: si la hubiesen aprobado, sería una prevaricación como la copa de un pino: un señor que está ahí por una oposición, pero sin más legitimación democrática que la aplicación de la ley, estaría usando la fuerza del Estado sin estar autorizado legalmente. Eso es rule of man (Estado de hecho) y no rule of Law.
Y claro: hace unas horas han dicho que no hay periculum in mora (más o menos; lo dicen en el último razonamiento jurídico: http://www.elpais.es/elpaismedia/ultimahora/media/200601/26/espana/20060126elpepunac_1_Pes_DOC.doc; lo reproduzco al final del post). Para eso han estado encerrados tres días. Daría gustoso un brazo (el incorrupto de Santa Teresa) por saber qué coño ha pasado en esa sala y por qué lo que es evidente ha tardado cinco días en ser puesto negro sobre blanco por cinco magistrad@s que ya deben tener los genitales negros del humo de cien batallas jurídicas.
Y ahì va lo del auto:
RAZONAMIENTOS JÚRÍDICOS.
OCTAVO: Tampoco se perdería la finalidad legítima del recurso en el supuesto en que se levantasen las medidas adoptadas, puesto que los citados documentos serían entregados a otra Administración, la cual se subroga en los derechos y obligaciones del Estado en cuanto a la custodia y protección de los mismos, y que estaría obligada a su devolución en el supuesto de una hipotética sentencia estimatoria.
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