¿Por qué son ciegas nuestras instituciones?

                Hoy voy a arrancar de una anécdota personal, para, después, elevarme un poco a una cuestión teórica bastante compleja. Esa referencia personal puede sonar o bien muy inmodesta y soberbia, o bien un compungido lamento. No pretende ser ni una cosa ni la otra. Llevo una vida profesional muy dichosa y creo que no padezco, o apenas, los síndromes típicos del catedrático, los del nadie me quiere, todos me envidian, no me reconocen porque se celan de mi valía, etc., etc. No es eso, no mantengo conflictos personales por causa de mi trabajo. Lo que sí me plantea tremendos enigmas es el funcionamiento de las instituciones y su disfuncionalidad congénita. O, en otras palabras, el total divorcio entre lo que como justificación de las instituciones se proclama y la práctica de las mismas, que niega tajantemente esos fundamentos.

                A los ejemplos para abrir boca. Comenzaré con uno que no me concierne, aunque se trata de amigos. En una Facultad de Derecho española hay todo un departamento de expertos en teoría de la argumentación jurídica. Han escrito obras capitales de la literatura sobre el tema en español, son internacionalmente muy conocidos como especialistas en tal materia y sobre ella organizan una maestría que tiene grandísima demanda internacional. Pues bien, al hacer en esa Facultad los nuevos planes de estudio, no se quiso introducir con el realce normal una asignatura sobre dicho tema, tema hoy unánimemente considerado como de importancia grande en la formación de los juristas. Mi curiosidad no se refiere a los móviles personales de los que votaron en los órganos universitarios contra esa asignatura o a favor de cualesquiera otras, pues andaría cada uno abonado su pequeño huerto, sino que versa sobre la incapacidad de la institución, en esta ocasión aquella universidad de mis colegas, para aprovechar al máximo la especialización y el nombre de su personal. ¿Por qué una universidad es ciega, incapaz de ver el valor añadido de una parte de su profesorado y que le puede dar a esa universidad la mayor proyección y elevar su prestigio? En otras palabras, y utilizando una analogía que se entenderá sin más explicación: ¿por qué las prefieren tontas, o menos listas?

                Ahora mi caso personal, que espero que no se malinterprete. Porque ésa es otra, en España no se puede hablar de uno mismo si no es a riesgo de ofender a media población. Estas líneas las estoy escribiendo, tarde del sábado 6, en un hotel de Buenos Aires. He venido, invitado por la Universidad de Buenos Aires, para impartir un curso de doctorado sobre cuestiones de argumentación jurídica. Sobre argumentación jurídica, en sus muchos aspectos, desde oratoria y técnicas retóricas en la práctica del Derecho hasta fundamentos filosóficos del modelo argumentativo de racionalidad, he dado cursos teóricos y prácticos, conferencias y ponencias en unas veinte universidades, por lo menos, de una docena de países. También tengo en mi haber un puñado de publicaciones en dicho campo y en unos pocos idiomas. En el ámbito práctico he impartido sobre eso cursos y seminarios para escuelas judiciales, colegios de abogados, empleados de la Administración, etc.

                En la ciudad donde vivo y trabajo existía una Escuela de Práctica Jurídica. Jamás fui convocado a hablar en ella de algo tan práctico como eso que ya he mencionado. Había una asignatura sobre oratoria forense o algo por el estilo. Ni para una charlita se me contactó jamás. Era una abogada del lugar, a la que no conozco, la que se hacía cargo. Nada puedo criticar de su labor, pues no sé cómo era.

                Ahora esas enseñanzas se convierten en máster universitario, en uno de esos másteres profesionalizantes, así se los llama, pues habilitan para el ejercicio de la abogacía, y tal vez de más oficios. Grandes negociaciones para ver quién se lleva el gato al agua, quién gobierna ahí y quién tiene más docencia, si los abogados del respectivo Colegio o el profesorado de la Facultad de Derecho. No me inmiscuyo en ese género de tratos y negocios, no me interesan. Mi “montaje” personal y profesional es sencillo y puedo proclamarlo a los cuatro vientos: objetivo primero, dar buenas clases a mis estudiantes ordinarios y esmerarme en dicha docencia; objetivo segundo, tener tiempo para la lectura y la escritura, para investigar y publicar cosas que me satisfagan un poco y que me permitan mantenerme en un nivel digno; tercero, conservar la libertad y el tiempo, la disponibilidad, para viajar por ahí cuando me inviten y el plan me convenga. En los últimos doce meses he tenido conferencias o ponencias en unas cuantas universidades españolas y en universidades e instituciones colombianas (tres veces, tres viajes), mejicanas, argentinas y dominicanas. Pero ese es mi plan de vida y con mi pan me lo coma yo, por supuesto que sí. Y no todo es tan grato o envidiable, y menos cuando ya se peinan canas. Muchos aviones y aeropuertos, demasiados hoteles, el cuerpo que ya se rebela más de una vez, estrés, afonía ocasional, madrugones, horarios inverosímiles…

                Así que a lo que íbamos. Llegan papeles en mi Universidad diciendo que el que quiera que se proponga y proponga su asignatura para ese máster de la abogacía. Servidor a lo suyo. Pero amigos leales me convencen: hombre, tiene que haber algo de argumentación y oratoria y esas cosas, propón alguna cosa. Pues propuse. Me llama el negociador por parte del Colegio de Abogados: que muchas gracias y que qué bien y que hay en el plan en elaboración unas cinco horitas para ese asunto, en un curso compartido con ¡informática jurídica!, y que ahí pueden meter mi asignatura. Como en el fondo me da igual que sean cinco horas, veinticinco o ninguna, le respondo que bueno, que vale.

                Cambia el equipo decanal y se replantean esas negociaciones que imagino tediosas. Veo o, como no presto mucha atención a muchos papeles, quienes trabajan conmigo ven que la asignaturita en cuestión se mantiene en la programación de marras. De acuerdo, nada que decir. Estos días llega el plan definitivo y esas mismas personas que conmigo laboran me dan la noticia: mira, esa asignatura, con esa mierda de horas, nos la han quitado a nosotros, sin avisar ni nada y después de habernos pedido el programa y no sé qué, y se la han asignado al profesorado del área del señor Decano, área superpoblada y dispuesta a dar Teodicea o Biología Vegetal, si hace falta. ¿Que qué opino yo? Pues que muy bien, que me trae al fresco y que doy gracias a los dioses por no estar tan jodido como para tener que pelearme por cinco o diez horitas de docencia y por no ser tan así como para arrebatárselas a otro, con artes de carterista. Es como cuando se me ocurre darle medio euro a un pobre que pide a la puerta de la catedral y el acompañante de turno me sale con eso de que a lo mejor se lo gasta en vino. Y a mí qué, bastante desgracia tiene con su pobreza y si el vino lo consuela de ella, alabado sea Dios. Pues con esto, igual.

                Ahora ya podemos trascender de la anécdota a la categoría. He quedado en que de las miserias, las fortunas o los imperativos vitales de las personas de carne y hueso, colegas incluidos, no me interesaba tratar aquí. Básicamente no me importan en ningún sentido. El enigma son las instituciones, en este caso las universitarias. Añadan, si quieren, esos curiosos entes corporativos, en este caso un Colegio de Abogados de una ciudad pequeña y donde cien euros te pueden salvar el mes.  Y las instituciones no tienen mala fe; ni buena. Pero ellas están justificadas por un rendimiento y funcional y legalmente compelidas a maximizar la eficacia en el uso de sus recursos y a dar un servicio de la mejor calidad. Se supone que si en la Facultad de Derecho de la Universidad X se enseña Derecho Penal, pongamos por caso, a esa Universidad le convendrá mucho más que se enseñe muy bien por un profesor excelente y preparadísimo, que muy mal y a cargo de un zampabollos que sea un vago de siete suelas. ¿Por qué? Porque se hablará mejor de ese título y esas enseñanzas, porque saldrán mejor preparados esos estudiantes y obtendrán mayores éxitos profesionales, porque ese mismo profesor hará seguramente investigación de calidad y contribuirá a que esa universidad suba en las clasificaciones, etc.

                Pues no es así. A las universidades les tiene sin cuidado un detalle como ése de quién imparte qué en tal o cual título. Todos somos iguales e hijos de Dios y todos servimos lo mismo para un roto que para un descosido. Enrique Santos Discépolo lo explicó hace tiempo de manera insuperable: “es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio o chorro, generoso o estafador... ¡Todo es igual! ¡Nada es mejor! Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazaos ni escalafón, los ignorantes nos han igualao”. Clavadito y profético.

                Acéptenme como hipótesis o sin ir a la justicia o no de fondo que yo mismo tenga ese prestigio labrado en asuntos de argumentación jurídica y tras bastantes años de trabajo en ese tema. Estará fundada o será postiza esa cierta fama, no sé, pero también vivo de ella. No es que yo lo afirme, es que, repito, ahora mismo estoy en Buenos Aires hablando de eso y para hablar de eso a unos doctorandos de este lugar me pagan el avión, ocho días de céntrico hotel y mis honorarios. En León lo haría gratis (o sea, con cargo al sueldo que esa Universidad me paga) y sin coste para nadie, como parte de mi carga docente, por supuesto, pero sin reparar en regalar horas a mayores, si falta hiciera. Así que la pregunta es: ¿por qué mi Universidad no me pide que explique de ese asunto en un máster suyo en el que viene directamente a cuento, mientras que en otros lugares se gastan unos dineros para tenerme en el plantel de tal maestría o tal doctorado y con esa misma temática?

                Rechazo toda hipótesis de conspiración, envidias, celos y similares. Es mucho más sencillo que eso, y ahora vamos al grano. En mi Universidad, como en cualquier otra, todos y cada uno de los que pueden proponer y decidir, desde el Rector hasta el Vicedecano que lleva esto o lo otro, no tienen ni la más remota idea de que en la plantilla de allí mismo hay, pongamos, un iusfilósofo que tiene fama internacional en esto, o un penalista que la tiene en aquello o un civilista que es autoridad acreditada en tal rama de esa materia. En mi misma Universidad está en plantilla un compañero iusfilósofo que es una de los más reconocidos expertos mundiales en Derecho de la Unión Europea y que dirige la más o una de las más prestigiosas revistas internacionales de Derecho Europeo, editada por Springer. No pasamos de tres los que en la Universidad de León estamos al corriente de ese dato. Cuando aún se convocaban titularidades, un mandanga con alto cargo universitario no le tramitó su solicitud porque faltaba un papelito de nada, y calló durante meses hasta que se consumó el imposible. Todavía se creerá que estuvo muy fino y que se mueran los guapos. Es lo que tienen los tontainas, que cuanto más se miran con el dedo en la nariz, más se gustan.

                Tenemos ahí el meollo de la cuestión. Qué es lo que bloquea las instituciones y las vuelve incapaces para funcionar de modo acorde con su razón de ser, las inhabilita para rendir la prestación que de ellas se espera y las convierte en puro subterfugio autorreferente y vacío, una inanidad retroalimentada de intereses espurios. Salvando las distancias que se quieran, podríamos buscar mil y un ejemplos más relevantes que estas anécdotas de las que he partido. ¿A qué se debe que, con la cantidad de expertos en Sanidad y en Administración Sanitaria que hay en España, algunos sin duda militantes o simpatizantes del PP o del PSOE, la Ministra actual de Sanidad, nada menos, sea Ana Mato y la de hace cuatro años Leire Pajín? Hombre, visto así, consuela. A explicar oratoria o argumentación a los abogados de mi orgullosa ciudad van a mandar pasado mañana de mi Universidad a un tal Fulgencio Mindundi, que en su desdichada vida jamás pensó que tendría que acabar impartiendo docencia sobre oratoria forense, él que no es ni orador ni forense, igual que en el Ministerio que dirige los temas sanitarios colocan últimamente a unas “tías” que ni son médicos ni saben de administrar nada importante ni diferencian un bisturí de un calzador. Pues genial, pero por qué pasará eso, siendo tan fácil un manejo normalillo y eficiente y teniendo personal apto para lograrlo.

                No veo mejores herramientas teóricas para dar razón de tan extraños desajustes que las que nos brinda una cierta teoría de sistemas en zapatillas, un luhmannismo de andar por casa. La explicación se halla en que las instituciones han sido colonizadas por sistemas sociales ajenos a las instituciones mismas y a su función. Si la función que justifica, por ejemplo, una universidad es la docencia de calidad y le investigación de alto nivel, esa universidad ha de estar organizada para, de manera poco menos que automática, seleccionar, motivar e impulsar a sus mejores profesores e investigadores. ¿Por sentido de la justicia y para reconocerles a ellos su esfuerzo? No, por una especie de interés egoísta de la propia institución, porque si su personal no es bueno y no rinde bien, se supone que esa institución, que degenerará en cuanto a la calidad de sus prestaciones y su servicio, se irá al carajo, se hundirá y acabará desapareciendo. Si las asignatura del máster en no sé qué las dictan el dr. Mindundi y todos sus primos del clan de los Mindundis, se desprestigiará el máster, se quedará sin alumnos pronto, habrá que cerrarlo… El problema de nuestras instituciones públicas es que están blindadas contra la desaparición y dispuestas para asegurar la impunidad de los que las inhabilitan para rendir honestamente. Nuestras instituciones, empezando por la Universidad, se rebelan contras las exposiciones de motivos de sus normas reguladoras y se prostituyen para que tales o cuales personas o grupos alcancen otros fines bien diferentes.

                Ahí le duele. Las instituciones están ocupadas por personas que no las sirven a ellas, a cambio de un sueldo, por supuesto, sino que se sirven de ellas. Lo grave es que ellas se dejan y el poder político consiente el envilecimiento. Los que están dentro de las universidades, por ejemplo, se valen de ellas para fines que no solamente no son los de la institución respectiva, sino que se contradicen con ellos y bloquean su logro. Empezando por el rector, que casi nunca busca desde su cargo algo distinto de un poder lelo y para lucirlo ante las cuñadas y que no tiene más aspiración que la de trabajarse desde este cargo otro para mañana en la política o en algún banco. Siguiendo por tal o cual decano o vicedecano, que no está en el puesto para que algo mejore en los frutos de esa facultad, más bien para ganarse sus doscientos euretes más al mes o para tener un certificado que presentar a la ANECA haciendo constar que ya tuvo un cargo y que cuantísimo mérito. Y así. La clave está en que ninguno se juega nada si lo hace fatal y hunde más a su facultad o su universidad. Cada cual ya habrá logrado lo suyo y después de mí el diluvio. Esta Roma sí paga a traidores, y los premia y los encumbra. Es a los leales a los que desprecia. Pero, repito, no cabe mucho reproche a los que bajo esas normas y tales condiciones juegan y juegan para sí, sino a las normas que regulan la marca de la institución y que permiten o fomentan ese sabotaje interno y constante.

                En otras palabras, la universidad se hunde y está hundida porque ha llegado a la suprema y definitiva paradoja, aquella de la que no hay vuelta atrás: quien, cobrando de la institución, trabaja en ella mucho y bien y le da fama, recibe de la institución la indiferencia, cuando no el desprecio. Y quien quiere tener de la universidad el aprecio y el mejor trato, no debe perder el tiempo con la buena labor, sino que ha de dedicarse a hacer pasillos, conspirar para las próximas elecciones, negociar horitas y asignaturillas con oscuros funcionarios y profesionales apolillados y pedantes, rellenar informes, memorias y memorandos, reírle las gracietas al tarugo que es director del área de no sé qué, humillarse ante cualquier sobrinísimo, tratar de don al capo del respectivo pasillo, etc.  Ocupado cada cual en su parcelita, enclaustrado cada uno en tan vacuas labores, angustiados por el temor de perder aquella asignatura, de que me quiten este despacho grande, de que no me reconozcan el quinquenio, de que perdamos el decanato y no podamos cambiarle el nombre a la Facultad, yo qué sé, lo menos que puede importarle a cualquiera es quién y cómo se imparte Derecho Tal o Derecho Cual. Podría hacerlo un honesto conserje y nadie se alteraría ni lo notaría, salvo que metiera mucho la pata al calificar y los alumnos se revolucionaran.

                Como parte de la regeneración de este país, tan urgente como inviable, sería imprescindible emprender una campaña de rescate de las instituciones, dotándolas de nueva normativa de funcionamiento y a fin de poner en sintonía su función justificadora con sus estructuras reales y su rendimiento efectivo. Pero, a las alturas que estamos, es más que probable que no sea de ninguna manera posible ya. Esto es el sálvese quien pueda y tonto el último. Algunos lucharán a brazo partido por unas horillas más de clase o por un carguito de vice algo o por un diploma de experto en micción sostenible. Otros, por fortuna para nosotros, y discúlpenme, ya no estamos para chiquilladas y frivolidades, pues al cumplir los cincuenta empezó la cuenta atrás. Se pueden meter las pequeñeces donde les quepan y esperar a que les crezcan y les den gusto.

                Es sábado, cae la noche, y dentro de un rato me voy con unos colegas y amigos a cenar un buen bife de chorizo y a escuchar tango en un buen local que se llama La Viruta, allá por el barrio de Palermo. En verdad, no sé ni para qué acabo de escribir todas estas bobadas. Sorry. Pero ya están, y aquí las dejo. Sirvan nada más que de invitación para trascender las miserias personales, incluidas las mías, y para que veamos cuán necesario es que encontremos patrones adecuados para el análisis y estudio de las instituciones públicas y de su funcionamiento. Una institución que funcione tiene que ser ciega, pero de otra manera: no puede tener compasión de nada ni nadie que la perjudique en su legítimo hacer y no puede, sin deslegitimarse, prescindir de ninguno que mejore sus resultados y la haga competitiva. Justamente lo contrario de lo que día a día vemos. No debería aplicarse dinero público al mantenimiento de antros, de tugurios. O reforma o cierre.