La Seguridad Social pagará las operaciones de extirpación del sentimiento nacional

                Nuestro querido país será de los primeros del mundo en que se pondrá a prueba uno de los inventos más revolucionarios de la medicina contemporánea, el extirpador de sentimiento nacional (BordersKK, en su denominación en inglés). Es un aparato que, sin cirugía invasiva y mediante un sistema de rayos de alta fidelidad, permite a los doctores actuar sobre la parte de la corteza cerebral donde se alojan el patriotismo, el amor a la nación propia y el gusto por las comidas de casa de los abuelos. Según declara uno de los creadores de tan sorprendente artefacto, el dr. Facundo Mengele Mishima, de la Universidad de Minnesota, se garantizan unos resultados del noventa y cinco por ciento y, todo lo más, al sometido a dicho tratamiento le pueden quedar unos restos de morriña cuando escucha aires regionales, o algo de desazón cuando ve un rebaño de ovejas en un aprisco. Y hasta estos minúsculos restos de espíritu tribal se curan, al parecer, si la cirugía se combina con un par de sesiones de hipnosis o unos viajes sin la familia.

                Por razones que ignoro y que supongo difícilmente imaginables, España fue el país elegido para la puesta a punto de tan modernos métodos de curación de las patologías del sentimiento nacional, pese a que también eran muy firmes candidatas un par de tribus amazónicas recientemente descubiertas y una universidad latinoamericana carísima en la que se imparten en inglés varios títulos de posgrado sobre los derechos de las comunidades indígenas. Pero el hecho de que en tal centro de gran nivel no hubiera matriculado ni un solo indígena y nada más que tres negros y un joven ciudadano de origen japonés llevó a los directores del laboratorio a pensar que España ofrece mayor diversidad y que la gente aquí se lo cree más y ya casi nunca se descojona.

                Hasta ahí, todo éxitos y parabienes. Pero lo que son las cosas y las paradojas que tiene la vida, resulta que para que el extirpador de sentimientos nacionales hubiera podido ponerse a funcionar en el Estado español sin debates ni enfrentamientos, tendría que haber estado funcionando ya antes de echar a andar. Típico ejemplo, además, de la índole de este tipo de problemas filosófico-políticos y hemorroidales. ¿Por qué? Ahora lo explico.

                Resulta que en una reciente reunión de los consejeros de sanidad de las Comunidades Autónomas se aprobó una moción presentada por el catalán, según la cual dichos tratamientos solo podrían hacerse con cargo al presupuesto público de conformidad con un minucioso reglamento, cuyas líneas básicas salieron de ese mismo encuentro. Así, el artículo 1 define lo que ha de entenderse por “sentimiento nacional extirpable”: aquel de quienes profesan a España, como Estado, como idea o hasta como selección deportiva, algún grado de afecto, sea un afecto exclusivo y excluyente, sea combinable o combinado con la querencia a otros terruños, patrias chicas o lugares de acogida. En cambio, el art. 2 delimita lo que se llama “sentimiento nacional loable”, con estas palabras: “A efectos de esta norma reguladora del uso del Extirpador  de Sentimiento Nacional, se entenderá por sentimiento nacional loable todo amor al propio pueblo, región, comunidad o nación que se base en una identificación profunda con la historia, las tradiciones, los antepasados o el folklore, sea dicho sentimiento violento o pacífico y se manifieste como cordial preferencia o como pasión desatada”. Y taxativamente se sienta lo que sigue: “La extirpación de un sentimiento nacional viable no podrá llevarse a cabo ni coactivamente ni con consentimiento del sujeto portador ni de sus tutores o responsables si aquel fuera menor o incapaz”.

                Diríase que puede haber antinomia o difícil combinación entre el art. 1 y el 2, pero viene el 3 a resolver cualquier posible duda. En el apartado 1 de este artículo se reitera que todo “sentimiento de españolidad”, sea quien sea quien lo profese y viva en el territorio del Estado en que viva, “es sin excepción sentimiento nacional extirpable y bajo ninguna forma ni con transformación alguna podrá tornarse o ser visto como sentimiento nacional loable”. Por su parte, el apartado 2 de ese precepto contiene una enumeración abierta de sentimientos nacionales loables, tal que así: “son sentimientos nacionales loables y, como tales, en ningún caso susceptibles de extirpación, los sentimientos de catalanidad, galleguidad, andalucismo, asturianía, valencianismo, insularidad y aragonesismo, así como el sano sentir popular de los vascos y vascas y cualquier otro sentimiento similar de arraigo y celo nacional que pueda existir o surgir en cualquier parte del territorio del Estado español no sometido al sentimiento nacional extirpable, en los términos del art. 1”.

                A estos últimos efectos, la disposición adicional primera prevé que en el plazo de cinco años una comisión independiente del Estado central elabore un “mapa de los sentimientos nacionales” del Estado español, con señalamiento de los territorios sometidos a extirpabilidad o a alabanza. La disposición segunda manda que se cree un Observatorio del Sentimiento Nacional y la tercera ordena la constitución, con cargo al Estado, de un fondo de seis mil millones de euros para el fomento del sentimiento nacional loable y para el “ágil tratamiento quirúrgico de la españolidad”. Las Comunidades de Castilla y León y La Rioja se han abstenido en la votación de estas cláusulas, ante el temor de que pueda haber en esos territorios elecciones algún año de estos. Todas las demás han votado a favor.

                El único asunto que queda sobre el tapete y sin resolver es el de la financiación de las operaciones forzosas. Sí hay consenso en que el español cerril tiene que ser curado con urgencia, bien para implantarle luego, por los procedimientos habituales, una inclinación periférica, bien para dejarlo como un vegetal y que no resulte peligroso para el Volksgeist o el gesunde Volksempfinden y el derecho de autodeterminación. Pero mientras las CCAA exigen que también esas operaciones forzadas las pague la caja general de la Seguridad Social, el Gobierno central insiste en que deben financiarse con un impuesto especial sobre el azúcar. Por eso la disposición final del mencionado reglamento ordena que, en tanto no se resuelva dicho problema de financiación en tales casos, los ciudadanos que sufran una españolidad patológica aguda sean internados en campos de diversión, bajo la vigilancia de policías autonómicas o locales, sin contacto con el exterior y con pleno respeto de sus derechos y garantías constitucionales, como no podía ser menos.