Defensa condicionada de Gómez Benítez

Dichoso país de paños calientes y papel de fumar para asirse las partes. Aquí es mucho más difícil denunciar ilícitos que cometerlos, y más viable dar pelotazos que frenar al que a ellos se entrega. Se armó la marimorena porque José Manuel Gómez Benítez, vocal del Consejo General del Poder Judicial, ha presentado, por la brava y sin encomendarse a Dios ni a sus delegados, denuncia contra Carlos Dívar, Presidente del mismo CGPJ y del Tribunal Supremo. ¿De qué lo acusa? De haber cargado a los fondos del Consejo seis viajes privados a Marbella en el plazo de trece meses entre 2010 y 2011, que supusieron un gasto de 5.658 euros y que corresponden con costes de transporte, alojamiento y manutención del señor Dívar en tales ocasiones. Lo que el denunciante aduce es, repito, el carácter estrictamente privado, particular, de dichos desplazamientos y estancias, algunas de hasta siete días, sin que estuviera en esas oportunidades el Presidente del CGPJ ejerciendo de tal en acto oficial ninguno ni en actividad que con su cometido se relacione. O sea, que se habría pagado con dineros públicos sus escapadas de fin de semana o puente, a Marbella siempre, ya que solían tales estancias abarcar sábados y domingos. El señor Dívar dice que sus papeles están en orden y sus cuentas claras y que así se demostrará. Que así sea.

Dos cosas quiero decir a toda prisa y en ellas están las condiciones que en el título se insinúan. Una, que a don Carlos Dívar hemos de aplicarle y le aplico la presunción de inocencia, exactamente en los mismos términos y con idéntico alcance que a cualquier otro ciudadano que sea objeto de denuncia penal o enjuiciamiento por esa vía, trátese de la más alta magistratura del Estado, supongamos, del más “tirado” de los supuestos ladronzuelos o del que es imputado por terrorista. La ley, al menos en eso, es igual para todos, aunque no estoy seguro de si igual es su aplicación a todos. Y más digo, me alegraría de todo corazón que la inocencia del señor Dívar fuera inmaculada, pues supondría un pequeño consuelo en medio de la depresión que día tras día nos provoca este sistemático choriceo en las arcas comunes. No lo conozco en persona, por supuesto que no, y ningún prejuicio tengo sobre él, ni para bien ni para mal.

Tampoco he tratado jamás con el señor Gómez Benítez, afamado penalista y abogado experto, aun cuando algún amigo en común sí tenemos. También doy por sentada la “inocencia” del tal denunciante, en el sentido de que su acción estará movida por una legítima sed de legalidad y amparada en datos fiables. Que no habrá denunciado frívolamente, sin fundamento y a humo de pajas, vaya.

Así que, por esos lados, mi equidistancia y me sincero deseo de que gane el mejor y de que pague el malo, si alguno en esta historia hubiera. Y si todos son buenísimos y no pasó nada más que una desgracia provocada por algún error, pues bendita sea y que vuelvan las aguas a su tranquilo cauce.

Dicho y muy subrayado lo que antecede, yo, modestísimamente, me identifico un montón con el señor Gómez Benítez. Ya lo están crujiendo por haber denunciado. Que si por qué no avisó antes al propio al que denuncia, que si cómo no se lo dijo primero a sus compañeros del Consejo, a ver si lo avisaban ellos o cómo lo veían, tal vez para parar el golpe o buscar un arreglo, al hispánico modo, que si lo mueve el resentimiento porque tiene muy mala “follá” o que si es amiguísimo de Garzón y hace de longa manu para su venganza.

Vamos a ver, analicemos como si fuéramos normales y casi honrados. Voy a poner algún ejemplo para comparar, dando por sentada la buena fe de los actuantes, igual que la doy en esta oportunidad que comentamos, mientras lo contrario no se demuestre.

Supóngase que usted vive en una urbanización y que ejerce ahora como secretario de la comunidad de vecinos correspondiente. Un día le llegan unas pruebas, que parecen claras y concluyentes, de que el presidente de esa comunidad ha violado a una muchacha (o a un muchacho, ea) hace poco. En su poder están unas fotos muy acusadoras y algunos otros testimonios que le hacen pensar honradamente que es muy probable que el suceso haya acontecido así. Entonces arranca usted para el juzgado o la policía a denunciar. ¿Habría hecho bien o habría hecho mal? ¿Le reprocharíamos que no hubiera ido antes a conversar con el presunto violador o que no lo comentara en una reunión de propietarios o, al menos, de la junta directiva de la comunidad? ¿Verdad que parece ridículo? ¿Por qué se debe avisar a un delincuente que conocemos de que lo vamos a denunciar? ¿Qué porquería de lealtad grupal y cuasimafiosa es esa? ¿No nos debemos antes, todos, a la ley legítima y al interés general? ¿O hay que quedar personalmente muy bien y la mar de corteses, aun a riesgo de que el posible culpable destruya pruebas o amañe otras entre que usted lo avisó y usted llega a la comisaría a presentar su denuncia? ¿Y avisarlo para qué y esperando que le diga qué cosa? Usted tiene las pruebas que francamente le parecen incontestables (si lo quiere más claro, usted mismo presenció aquella violación sin poder hacer nada en tal momento), pero al parecer es de buena educación ciudadana y democrática ir a contarle al violador que a lo mejor lo denuncia. ¿Para esperar qué? ¿Qué le diga que por favor, por favor y que no se repetirá? ¿Qué lo compre a usted pagándole unas copas, ofreciéndole un carguete en algún lado o llevándoselo de putas/os? ¿O invitándolo a dar una conferencia, que viene a ser lo mismo?

Que me identifico, humildemente, ya lo he dicho. Que he vivido en carne propia lo que supone denunciar ilegalidades, aunque más leves, en un medio mafiosillo y rodeado de colegas con la conciencia moral haciendo la esquina. El reproche, ese: que qué poca lealtad al infractor y que cuánto de mala educación por llamar ilegal al ilegal en lugar de tratarlo de usted y ofrecerle unas pajillas y que qué hay de lo mío, monsieur, como (la mayoría de) los demás.

Y ahora lo de la otra parte. Ignoro absolutamente si el señor Dívar ha cometido en verdad el delito que en la denuncia se le imputa. Ahora bien, al margen por completo de su persona y en términos puramente probabilísticos, resulta que lo más verosímil o probable es que sí. Habría hecho lo mismo que la inmensa mayoría de los que ocupan cargos similares: emplear para su propio beneficio y su particular disfrute los medios puestos por razón del cargo y para uso exclusivo con ocasión del ejercicio del cargo. Anda, que no se habrán cargado, en este país, viajes privados y estancias de personal asueto al presupuesto público del organismo correspondiente. Eso es la regla, no la excepción. Hasta el tonto del pueblo lo hace así desde que es concejal.

Tanto es la regla, que las propias fronteras de lo legal y lo ilegal me resultan y me han resultado siempre brumosas a mí mismo. Un ejemplo. Un rector de universidad tiene coche oficial y conductor. Vale. Si en agosto ese rector que, pongamos, lo es de Huelva (el ejemplo me lo invento al tuntún, conste) se va de vacaciones a la Costa Brava, ¿puede legalmente hacer que su chófer lo lleve en el coche de la institución, cargando a la institución la gasolina, la comida y la pernocta de ambos a medio camino, y que al mes vaya a recogerlo? ¿Y retenerlo con él todas las vacaciones por si un día le apetece acercarse hasta la Costa Azul y que el otro lo lleve en tal vehículo? Que me asesore quien sepa. Yo desconozco si eso es legal y hasta si es decente, pero he visto hacerlo decenas de veces.

Si tal proceder fuera legal, y quiero pensar que no, tendríamos que preguntarnos qué diferencia existe entre que ese cargo público se lleve el coche con conductor para su fin de semana o sus vacaciones o que se pague un billete de avión con la Visa de la institución. Al precio que se ha puesto el combustible y cogiendo una buena oferta de vuelos, con el avión hasta se ahorra.

Más digo: estoy sinceramente convencido de que esos prebostes que así hacen no tienen conciencia ninguna de la antijuridicidad de su acción, por expresarlo con el rebuscado estilo de los amigos penalistas. Y añado que tampoco la tienen de que su conducta pueda ser inmoral. Para nada. ¡Si lo hace todo el mundo…!, nos replicarían. Y tienen razón en eso, que es lo que fastidia. Aunque tendríamos que aclararles que la violación masiva de la legalidad legítima no es ni eximente ni atenuante, sino síntoma de que el correspondiente Estado está en manos de una banda de ladrones; y que la vulneración sistemática de las más sencillas y evidentes reglas de la decencia no excusa al infractor, sino que hace su papel más triste, por el gusto con el que vive en un estercolero y sin escandalizarse por la abundancia de gusanos de su misma especie.